Torre de Punta Prima. Dos de los tres vigilantes con que cuenta la playa de Sant Lluís observan a los bañistas desde su atalaya | Gemma Andreu

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Playas, vigilancia, seguridad y socorristas son conceptos inseparables en la temporada estival y obligan al esfuerzo de los ayuntamientos sobre quienes recae la potestad de determinar los dispositivos a situar en cada cala de su municipio. Y no lo tienen fácil, porque un buen servicio se paga y las ofertas públicas arrancan con precios de licitación que a duras penas permiten llegar a las empresas que los obtienen en la mayoría de los casos, con la obligatoriedad de ofertar salarios que pueden oscilar entre los 1.000 y los 1.400 euros según los presupuestos asignados en cada localidad.

Así, no es de extrañar que también en Menorca sea complicado cubrir el número de vigilantes establecidos en cada playa según los pliegos de condiciones que marcan los consistorios. Por este motivo, algo más del 60 por ciento de los socorristas que velan por la seguridad de los bañistas en las 22 playas con servicio llegan de fuera de la Isla. Su procedencia este año es, especialmente, de Ceuta, Extremadura, Valencia y Andalucía.

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