Gómez culpa al Govern de Bauzá del agujero de las 'bestretes'

En el pleno de ayer y en una comparecencia voluntaria, en primer lugar la consellera indicó que «si el razonamiento que ahora hace el Govern fuera correcto, las cantidades que se fijaron para las bestretes estarían desligadas de la realidad». De inmediato planteó una segunda posibilidad. «O fue una columpiada o el nuevo sistema de financiación perjudicó a Menorca». Dio clara preferencia a la segunda. Para el desarrollo de esta última alternativa, Gómez indicó que aquella ley fue aprobada con un conseller y un director general eivissencs (Vicent Marí y Antoni Costa), «y la gran favorecida de la Ley fue Eivissa». El PP local no se libró, «alguien dejó pasar la oportunidad de explicar las diferencias entre las dos islas».

Como no podía ser de otro modo, desde el PP analizaron el problema justo al revés. Para la consellera Pilar Pons el culpable es el PSOE, «sus socios son los responsables del invento de las bestretes», con una alusión, sin mencionarlo, al conseller Marc Pons, entonces presidente del Consell, a quien atribuyó un elocuente silencio sobre el tema. Gómez no quedó exenta, «no le ha dado a este tema la importancia que tiene, no se ha pedido ninguna reunión para insistir en la disconformidad». Como tampoco se libró el actual Govern, por aplicar una fórmula «unilateral» que la Ley de Financiación no especifica.

Gómez ahondó en la responsabilidad de quien diseñó esta Ley. «Las bestretes se calcularon para una financiación que debía ser mejorada», algo que resultaría evidente, a su entender, que no se produjo. Además, «quienes trabajaron en los criterios e indicadores fueron ustedes», unos criterios e indicadores que, dijo la vicepresidenta, beneficiaron a Eivissa y castigaron a Menorca. Cabe recordar que solo Menorca tiene saldo negativo en la liquidación. Pons Faner le recriminó que demonizara la Ley cuando sus alegaciones a la liquidación del Govern se basan en ella.

Aún así, PP y equipo de gobierno coincidieron en la necesidad de llevar a cabo cuantos esfuerzos sean necesarios para revertir la situación. Como punto de partida, la vía del contencioso está activada y el próximo 6 de junio se producirá una primera reunión entre las dos administraciones implicadas.