La documentación de la liquidación contable del ente, presente en las Cuentas Generales del Consell del último año cerrado –que se encuentran en exposición pública– muestra como de los 675.835 euros pendientes de cobrar de ejercicios anteriores a 2015 casi la mitad, 324.044 euros, son considerados de «difícil o imposible cobro». El cálculo está realizado basándose en los criterios de la Ley Montoro, que obliga a realizar una previsión de lo que dudosamente se podrá cobrar atendiendo a la antigüedad de las infracciones pendientes.
Previsión optimista
No obstante, el informe de Intervención advierte de que esos criterios marcados, encaminados a realizar previsiones reales de tesorería, son «de mínimos» y que la cantidad resultante de su aplicación «puede considerarse optimista», lo que da a entender que el porcentaje de las sanciones que difícilmente se podrán cobrar sería superior de aplicarse criterios propios del Consorcio, como recomiendan desde Intervención.
La relación de sanciones por infracciones urbanísticas anteriores a 2015 muestra un total de 37 multas impagadas, referentes a expedientes que se remontan hasta el año 2001 (aunque el Consorcio se creó en 2005 heredó algunos expedientes de los ayuntamientos). Así, se contabilizan sanciones referentes a los años 2002, 2003 y 2004, aunque es 2006 el año que acumula más infracciones impagadas, un total de ocho. Los importes de las multas se mueven en una horquilla que va de los 51,94 euros hasta los 78.791 euros.
Esos 733.600 euros pendientes de cobro por multas urbanísticas en suelo rústico contrastan con las cantidades que efectivamente se ha logrado ingresar, en total 38.449 euros, lo que supone un porcentaje de recaudación de las sanciones impuestas que no supera el cinco por ciento. Según figura en la liquidación de 2015, el año pasado se lograron ingresar 15.517 euros, mientras que en los años anteriores se ingresaron 22.932 euros.
8 comentarios
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Y si hablamos de una época, donde si tenías amiguitos y soltabas la pasta (presuntamente) por obra y gracia del espiritu santo, se convertían en legales???? Porqué no investigan eso???? Lo que tienen que hacer es todo lo prescrito, legalizarlo y dejar de tonterías.
Detrás de cada expediente hay un abogado dispuesto a defender a su cliente, imaginaros el trabajo que tiene el Consorcio para la Represión urbanística. Y cuanto mas alta es la multa mas bueno es el abogado, habeis perdido consorcio. Los políticos lo llevan muy mal enfocado, solo saben cobrar a final de mes.
Ineficacia, inutilidad, indecencia... y cualquier calificativo empezado por "in". Y a los Ayuntamientos que se adieren al consorcio que valoren lo que les cuesta a sus ciudadanos la mala gestión. Y ver que hay Ayuntamientos que recientemente se han sumado a la inoperancia de este consorcio .....
Cuando se ponen leyes y normas imposibles de cumplir por estar todo prohibido, el resultado es un merde.
Y no lo digo por no cobrar, lo digo porque somos el hazmerreir de aquellos que se han saltado a la torera la ley. La mejor solución, guste o no guste, es demoler. Y a tomar viento!!!! Si nos va a costar dinero, almenos que veamos resultados. No estamos aquí para perder el tiempi.
Esto es Marbella, unos si otros no todo depende el padrino politico que tengas.
Con estos resultados queda demostrado que es otro chiringuito que no sirve para nada, cualquier empresa privada hace tiempo que hubiera tenido que cerrar las puertas. Con esto se demuestra una vez mas que los politicos van por detras de la sociedad civil un ejemplo lo tenemos en las viviendas turisticas vacacionales. Lo que tienen que hacer es dar soluciones y no sanciones, porque no se pueden poner barrera al campo y prohibirlo todo, resultado peor el remedio que la enfermedad.
Haber si les ponen una multa bien grande a ellos por denegar la licencia del Caso Cesgarden y tener después que pagar las consecuencias los ciudadanos. No he visto por ningún sitio que tuvieran alguna responsabilidad o se les haya castigado como pretenden hacer ellos al resto.