El edificio de Can Saura está alquilado al Ministerio desde marzo de 2015.

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El Ayuntamiento de Ciutadella se mantiene firme con su intención de darle un uso cultural al edificio de Can Saura. Y pese al contrato de alquiler que tiene firmado con el Ministerio de Justicia para llevar allí los juzgados este miércoles ha anunciado que ha adjudicado el avance del Plan Director de Can Saura, como "un primer paso para tener en un futuro un estudio de viabilidad" para que el inmueble se convierta en un "espacio de uso cultural".

El equipo de gobierno recuerda, en un comunicado, que "independientemente de las gestiones con el Ministerio de Justicia se comprometió a estudiar cómo tenía que ser el uso cultural que se quiere dar al edificio".

Y por ello, en la junta de gobierno de este miércoles ha aprobadop la adjudicación del avance del plan a la empresa Mediterraneum, Cultura, Turisme y Mediament S.L. por un importe de 9.680 euros.

El objeto del plan consiste en la redacción de un documento previo al Plan Director que incluya también un avance de estudio de viabilidad de los costes de inversión y de mantenimiento de los servicios que se proponen, así como de los posibles ingresos.

El equipo de gobierno no amaga sus intenciones de convertir Can Saura en un museo (habla de una "exposición permanente") de la historia de Ciutadella, que se entiende que será la idea de partida del Plan Director.

El Ayuntamiento también ha anunciado que trabajará en este documento a través del Consell Asesor de la Fundación Ciutadella Cultura, donde están representadas las entidades culturales del municipio y también los partidos políticos con representación.

Pendientes de Madrid

El equipo de gobierno y los partidos que lo sustentan nunca han escondido sus intenciones de convertir Can Saura en un edificio cultural, tal y como estaba previsto inicialmente. Desechan así trasladar allí los juzgados como pretende el Ministerio de Justicia. El problema es que en el anterior mandato con el PP, el Ayuntamiento firmó el 27 de marzo de 2015 (dos meses antes de las elecciones) un contrato con el Ministerio de Justicia, por el que se le alquilaba el edificio por 130.000 euros anuales, con la intención de llevar allí los juzgados de Ciutadella. El alquiler es para cuatro años.

Con la entrada del tripartito de izquierdas, más el hecho de que hace cerca de un año que hay un Gobierno central en funciones, la situación está encallada, ya que el Ayuntamiento quiere rescindir el contrato y el Ministerio sigue con sus intenciones de trasladar los juzgados a Can Saura. Sin embargo, un año y medio después de firmar el contrato no solo no se han iniciado las obras, sino que el Ayuntamiento no ha remitido ninguna factura a Madrid para que pague el alquiler.

El equipo de gobierno defiende que los juzgados se trasladen a la antigua terminal portuaria. No obstante, el Ministerio no lo ve claro, ya que alega que la reforma le costaría 2,5 millones de euros y cuatro años de obras, y en cambio en Can Saura el edificio ya está rehabilitado y estima que la inversión necesaria sería de unos 200.000 euros