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La Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) ha manifestado este jueves su oposición al decreto de medidas urgentes en materia urbanística del Govern que suspende medio centenar de artículos de las leyes del suelo, turística y agraria aprobadas en la legislatura anterior.

Según han manifestado este jueves portavoces de esta organización profesional integrada en CAEB, con estos cambios el Govern pretende eliminar los incentivos que las normas contemplan para la inversión.

ASHOME ha denunciado la «ausencia total de política turística en Menorca, sin un análisis de las consecuencias que va a tener, la paralización de nuevo, de expedientes de reformas de una infraestructura turística que necesita ir reformándose y adaptándose al mercado turístico».

«Esta paralización -ha añadido- demuestra una vez más la falta de visión por parte del Ejecutivo balear de cuál es la realidad turística menorquina».

ASHOME ha recordado que el objetivo de la Ley General Turística, aprobada por el anterior Govern del PP, consistía en «incentivar el proceso de actualización de las infraestructuras turísticas, ligada a una mejora de producto a través de la calidad, sin incremento de capacidad y por tanto a un reposicionamiento del destino, recogiendo los cambios importantes en las preferencias de la demanda turística a nivel mundial».

«El impulso inversor y la apuesta decidida de los empresarios menorquines está basada en el consumo de territorio «cero» y por tanto en la rehabilitación de una planta hotelera y apartamental de los años 70 y 80, que habría permitido la mejora de la rentabilidad social y económica de algunas zonas turísticas», ha advertido ASHOME:

Según la Asociación Hotelera de Menorca, «una vez más se actúa de mano de un decreto ley, lo que no ayuda a la transparencia ni da seguridad jurídica al inversor, bajo una imposición, sin ningún tipo de consenso con el sector, lo que provoca un elevado grado de incertidumbre legislativo».

ASHOME ha solicitado la «coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en turismo y la cooperación entre los agentes públicos y las empresas del sector para buscar el consenso con el sector empresarial».