Imagen de archivo de una calle de la urbanización de Son Parc, en el municipio de Es Mercadal. | Josep Bagur Gomila

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La deuda que tiene el Grupo Prasa con Hacienda, de cerca de 102 millones de euros (según desveló la Agencia Tributaria el pasado miércoles), no bloqueará el desarrollo de la urbanización de Son Parc, ya que las empresas vinculadas al Grup Prasa tienen una representación minoritaria en la promotora de la urbanización. Así lo asegura Manuel Campanero, presidente de la Junta de Compensación que tiene que ejecutar las obras de la última fase de la urbanización de Es Mercadal. Prasa solo es propietario de cuatro parcelas de unos 1.200 metros, de un proyecto que abarca más de un millón de metros cuadrados.

Las empresas vinculadas al Grupo Prasa apenas representan entre el 15 y el 20 por ciento de la principal promotora de la urbanización Ordenación Son Saura, cuyos socios mayoritarios (con el 75 por ciento) son empresarios catalanes. Más participación tiene Prasa en la promotora Golf Son Saura (40 por ciento). También cabe destacar que en la Junta de Compensación, además de estas dos promotoras, también está el Ayuntamiento de Es Mercadal (ya que dispone de 52 parcelas gracias a la cesión del 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo) y de otros  inversores y particulares que han adquirido parte de los terrenos.

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Campanero manifiesta que las obras de urbanización de esta nueva unidad de actuación empezarán en el próximo mes de enero. El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, confirma que el proyecto está aprobado, aunque está pendiente de que se resuelvan una serie de deficiencias. La promotora presentó a mediados de este mes una modificación del proyecto adaptándose a las nuevas exigencias y ahora solo está pendiente del visto bueno de los técnicos municipales.

 El objetivo de la promotora es que en pocos días empiecen las obras de replanteo. Después ya se podrán iniciar los trabajos de urbanización de toda esta zona, como la construcción de las calles y las aceras, la instalación de los correspondientes servicios (agua, alcantarillado, luz y telefonía), que según informaciones previas podrían costar unos 10 millones de euros.

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