Aspecto que ofrecía la planta de Milà el pasado mes de julio | Javier Coll

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El Consorci de Residus i Energia de Menorca reclamará 933.233,72 euros más IVA, 1.129.212,86 euros, a las empresas Terratest Cimentaciones y AC Ingeniería Geológica por ser los «responsables» de los «desperfectos» y «deficiencias» ocasionados por las obras de ampliación del vertedero de Milà.

Ambos deberán responder por los «daños y perjuicios» causados al Consorci, que han mantenido clausurada la planta por espacio de ocho meses y han obligado a trasladar los residuos temporalmente hasta la incineradora de Son Reus.

Asimismo, deberán responder de la plataforma temporal de almacenaje que tuvo que construirse, de la impermeabilización llevada a cabo en la celda E y de la solución a las patologías detectadas en la balsa de lixiviados y la celda III, cuya plena reparación también les será imputada. Estos costes adicionales, «actualmente solo estimados», elevarán la cuantía de la indemnización en otros 600.000 euros, lo que puede situar la cifra final por encima de los 1,7 millones. No obstante, esta cantidad deberá determinarse en un futuro procedimiento administrativo.

La resolución del expediente de depuración de responsabilidades centra todas las culpas en la empresa proyectista, que «no evaluó correctamente las condiciones hidrogeológicas en el diseño de la obra», y en la que asumió la dirección de los trabajos, por «no haber reconducido adecuadamente la situación» durante su ejecución.

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No obstante, Terratest tan solo deberá pagar, como máximo, cinco veces el precio del importe que se le abonó para redactar el proyecto. Este tope legal que impone la ley hará repercutir gran parte de la reclamación económica sobre AC Ingeniería Geológica.

Durante la tramitación, iniciada el 27 de marzo, los técnicos del Consorci ya han realizado las pruebas analíticas y periciales pertinentes y han dado respuesta a las alegaciones presentadas por los cinco agentes de los que, en principio, podía presumirse que tenían alguna responsabilidad.

Pero la propuesta de resolución definitiva exime de toda culpa tanto al Consell como al explotador de la planta, Juan Mora, como también a la constructora Antonio Gomila, que ejecutó las obras de ampliación (adjudicadas por 2.264.500 euros) y propuso incluso soluciones técnicas para solventar los problemas de impermeabilización que se venían detectando.

El acuerdo ya ha sido refrendado por la Junta de Gobierno del Consorci, del que participan el Consell y los ocho ayuntamientos de la Isla. Se espera que los afectados interpongan un recurso contencioso-administrativo para oponerse al pago en los tribunales.