Todos los candidatos se comprometen a que Can Saura no sea Juzgado más de 4 años

Para lograrlo, propuso Joan Triay (UPCM), basta con «comunicar desde el principio al Ministerio la voluntad municipal de no renovar el contrato de alquiler» recién suscrito y que, en principio, vence a finales de marzo de 2019. Así se eludirá la prórroga tácita que, advirtió Joana Gomila (PSM), figura en el contrato y faculta a Justicia a prolongar su estancia en el edificio «si el Ayuntamiento no lo denuncia 15 días antes de que caduque».

Ante las cerca de 160 personas que abarrotaban la sala de actos del Cercle Artístic, los alcaldables del PP y UPCM defendieron el alquiler como «la solución más adecuada en este momento». Por tanto, Juanjo Pons y Joan Triay volverían a firmar el alquiler si gobernaran porque, dice éste último, «como el estudio económico que se elaboró para darle un uso cultural es una chapuza, no hay alternativa y no podemos seguir jugando con el dinero del pueblo». No obstante, remarcó Triay, «cuando se disponga de un proyecto viable, nos embarcaremos enseguida».

Claro que los grupos de izquierda aún ven posible legalmente dar marcha atrás al contrato y lograr que Can Saura sea cultural de inmediato. Joana Gomila (PSM) recordó que las obras de adecuación deben contar con el visto bueno del Ayuntamiento que, por tanto, puede cancelar el alquiler o no dar licencia. Y si las actuaciones proyectadas «ponen en riesgo» los elementos más característicos de Can Saura, «no daremos permiso».

La socialista Noemí Camps (PSOE) lo confía todo al recurso de reposición que, «agotada la vía del diálogo», ha presentado para invalidar el contrato, lograr su suspensión cautelar «y recuperar Can Saura».

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