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El equipo de gobierno del Consell de Menorca aseguró ayer que «no es cuestionable ni se puede poner en duda» el proceso que se siguió para contratar a la empresa UAP 2100, encargada de evaluar las ofertas de licitación de las obras de la carretera general entre Maó y Alaior.

La institución remitió un comunicado en respuesta a las dudas que el sábado planteó el diputado del Grupo Socialista en el Parlament, Damià Borràs. El predecesor de Luis Alejandre al frente de la Conselleria de Movilidad aseguró que la experiencia de esta empresa es «totalmente desconocida» y pidió tener acceso al informe que sirvió de base al Consell para la adjudicación.

El equipo de gobierno del PP replicó que esta empresa ya participó en un proceso «parecido» durante el mandato anterior con el Ayuntamiento de Ciutadella, al ser elegida para redactar el proyecto de licitación de las obras de urbanización del sector B-9 del polígono.

Con todo, el Consell dedicó el grueso de su réplica a descalificar al diputado y exconseller, Damià Borràs. A su juicio, «no deja de ser extraño que quien plantea las dudas sobre la licitación de las obras no sea el portavos del Grupo Socialista en el Consell», en alusión an Joan Marquès. Éste, recordaron, ha estado presente en todas las comisiones informativas y los plenos en los que se ha abordado el tema, así como en las mesas de contratación junto a los servicios jurídicos y de intervención de la institución insular.

También subrayaron el retraso que ha sufrido la ejecución de las obras de reforma de la carretera general incluidas en el convenio firmado entre la expresidenta Joana Barceló, y la exministra de Fomento. Magdalena Álvarez. En la presente legislatura ha sido necesario negociar en Madrid una prórroga del convenio para no perder la inversión prevista.

Los populares, por último, acusaron a los socialistas de «poner en duda la seriedad y honestidad de los órganos administrativos del Consell», si bien el propio Damià Borràs insistió durante su comparecencia en distinguir la responsabilidad política de la actuación de los funcionarios.