El informe jurídico sobre la sentencia del caso Cesgarden abre la puerta a su revisión

Según reveló ayer el PSOE, existen tres puntos en cuestión que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de acogerse a ese último recurso excepcional. Por un lado, la llamada sustitución procesal del recurrente, atendiendo a las «dudas» que genera la transmisión de parcelas registrada entre Siteme y Cesgarden. La segunda, sobre las que genera el peritaje que establece la responsabilidad patrimonial del Consell y, la tercera, sobre el hecho de que la sentencia llegue a cuantificar la indemnización, al entender que esa cuantificación se podría hacer mediante otro proceso.

Son las tres vías a través de las cuales entiende el PSOE que se podría interponer un recurso que, en la práctica, funciona como una revisión de sentencia. Para que prosperase deben aportarse elementos nuevos que en el momento de dictarse la sentencia no estuviesen en conocimiento del juez o que se demuestren que han sido objetos de irregularidades.

En ese sentido, el portavoz del PSOE en el Consell, Joan Marqués, reconoció que existen «riesgos» a la hora de presentar ese recurso, pero entendió que los indicios presentes en el informe «sí abren esa posibilidad». En ese caso, el Consell tendría un plazo de cinco años desde fecha de publicación de la sentencia.

Críticos con el PP

Los socialistas cargaron ayer duramente contra el equipo de gobierno del PP en el Consell al entender que «existen serias dudas de que haya agotado todas las vías legales», en referencia al cambio de estrategia a la hora de hacer pago a la sentencia de Cesgarden. En ese sentido el PSOE volvió a defender que «se podía haber recurrido al Tribunal de Estrasburgo como una persona o entidad», una vía que ya está fuera de plazo.

Los socialistas fueron más allá y acusaron al PP de «irresponsable» (una palabra que fue repetida hasta en seis ocasiones por diversos representantes socialistas) al PP por el uso «partidista y político que está haciendo del caso Cesgarden». El desgaste a la oposición y la utilización del caso para «justificar recortes» son las intenciones ocultas de las que el PSOE acusa al equipo de gobierno de Tadeo, al que ayer exigieron que agote todas las vías para recabar el apoyo de otras administraciones, especialmente el Govern, a la hora de hacer frente al pago de la indemnización.

Los socialistas entienden que «la única sentencia en contra del PTI no desvirtúa en absoluto el modelo» y consideraron la indemnización como «un gasto imprevisto» a cuenta de la implantación de un modelo territorial del que, aseguraron, se sienten orgullosos. Las valoraciones sobre el caso Cesgarden las realizaron tras la reunión del comité insular sobre modelo territorial. Los expresidentes Joana Barceló y Marc Pons, acompañaron a Marqués y al secretario general, Vicenç Tur.