El administrador de Orfila S.L., el empresario catalán Josep Bas Puig, ha expresado a este diario su predisposición a negociar con el Ayuntamiento de Sant Lluís, tras conocerse públicamente el fallo judicial que ha fijado en 6.050.036 euros, más intereses, la indemnización que debe percibir la promotora por no poder construir un apartotel en Son Ganxo. «Estoy dispuesto a hablar sobre este tema», ha asegurado.
El empresario Josep Bas se ha mostrado cauto a la hora de pronunciarse sobre qué piensa hacer a partir del momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha fallado que Orfila S.L. debe ser indemnizada por el Ayuntamiento al incumplir éste un convenio urbanístico suscrito en 1997, por el que la promotora podía construir 118 apartamentos en una parcela de 40.000 metros cuadrados.
De hecho, la cuantía actualizada de esta indemnización asciende a 9,5 millones. «De momento hay una sentencia judicial favorable, no puedo decir nada más. No puedo pronunciarme sobre el futuro, ya hablaré cuando se haya ejecutado la recalificación de los terrenos. La pelota está ahora sobre el tejado del Ayuntamiento», ha asegurado.
La recalificación de la parcela a la que alude el empresario catalán está ligada a la propuesta del actual equipo de gobierno, presidido por el alcalde Cristóbal Coll, de permitir la construcción de 30 viviendas unifamiliares en dicha parcela, que quedó definitivamente desprogramada con la aprobación del PTI en 2003. En concreto, se trata de la construcción de 30 chalés, con una superficie de 250 metros cuadrados, en parcelas con una superficie de 1.000 metros cuadrados.
Esta propuesta fue fruto de la voluntad de diálogo entre el Ayuntamiento y Orfila S.L. que se materializó a principios de año, cuando el equipo de gobierno remitió la nueva propuesta urbanística al Consell insular para que fuese incluida en la Norma Territorial Cautelar.
En aquellos momentos la Justicia ya había condenado al Ayuntamiento a indemnizar a la promotora, aunque determinó que la cuantía debía fijarse durante la ejecución de la sentencia.
Previsible
El empresario catalán considera que el desenlace del conflicto, que se ha prolongado durante casi 10 años, era «previsible». En este sentido, alude al fallo del TSJB para constatar la inactividad del Ayuntamiento de Sant Lluís en el cumplimiento del convenio urbanístico.
Así, recuerda que la sentencia judicial subraya textualmente que el Consistorio «nada hizo desde la aprobación del convenio hasta el año 2000 y que tampoco informó al Consell insular -en trámite de elaboración del PTM- de la existencia del convenio urbanístico y de las consecuencias de su imposible incumplimiento».
El empresario lamenta que un proyecto urbanístico, que contaba con el beneplácito del Ayuntamiento de la época, haya originado el enfrentamiento judicial.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.