La huelga indefinida en el sector educativo se aplaza por cuestiones formales. La Dirección General de Trabajo del Govern certificó ayer por la mañana la ilegalidad de la convocatoria de paro presentada por los sindicatos STEI-i y CCOO para el viernes 13, primer día lectivo del curso. El motivo es que se registró nueve días antes de la fecha prevista para las movilizaciones, cuando el plazo mínimo es de diez. Ambas agrupaciones sindicales, respondieron de inmediato cambiando la fecha de la huelga al lunes día 16.
Del mismo modo, la Assemblea de Docents formalizó ayer su convocatoria de huelga indefinida ya para el día 16, una vez reunidos todos los requisitos legales para poder llevarlo a cabo y atendiendo a la notificación que horas antes había emitido la Dirección General de Trabajo respecto de las acciones de las dos agrupaciones sindicales.
CCOO y STEI-i mostraron ayer su desacuerdo con la decisión del Govern, aunque optaron por cambiar el día del inicio de la huelga indefinida para no eternizar el asunto en los juzgados. Desde CCOO aseguran que el Ejecutivo balear ha recurrido a jurisprudencia de los años noventa para ilegalizar la convocatoria del día 13, aunque también hay otra que avala su actuación.
El STEI-i acusa a la Conselleria de Educación de cambiar los criterios legales "según su conveniencia" y de "jugar de una forma muy irresponsable a la coacción, fomentar la intoxicación y dedicarse a crear confusión". El sindicato advierte de que el día 13 "no tendremos un inicio de curso con normalidad" ya que será "una jornada de lucha y de denuncia de unas políticas educativas erráticas".
Recursos
Por otra parte, CCOO ha presentado cuatro recursos de alzada contra las resoluciones de la Conselleria de Educación por las que se ordenaba a los institutos IES Pasqual Calbó i Caldés, IES Cap de Llevant, IES Joan Ramis i Ramis, e IES Biel Martí a que introdujeran las enmiendas planteadas a sus proyectos de aplicación del decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas, que fueron rechazadas por sus respectivos consejos escolares. Las resoluciones fueron publicadas a principios de agosto en el BOIB.
El recurso solicita que se declaren válidos los proyectos aprobados en primera instancia por los consejos escolares y que sean suspendidas las medidas cautelares impuestas a los tres directores de los centros de Secundaria de Maó. Estos podrían ser los primeros de una serie de recursos de alzada contra estas resoluciones, ya que podrían surgir otros por parte de los docentes que integran los consejos escolares de los cuatro institutos, incluso por parte de otros órganos de la comunidad educativa. Legalmente, aún hay plazo para hacerlo.
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