La limitación de dedicaciones exclusivas no cambia nada

Y es que los ayuntamientos de Menorca no superan en ningún caso los tres concejales con dedicación exclusiva, que es el tope para los municipios que van de 3.000 a 10.000 habitantes. La incógnita reside en los ediles con dedicación parcial, que en principio quedarían fuera del tope máximo (la documentación del Ministerio de Hacienda habla solo de dedicación exclusiva) aunque el tema no está del todo claro, según algunas fuentes relacionadas con las administraciones públicas que admitían esperar a tener el detalle del informe antes de aseverar algo al respecto. El informe reserva para los concejales sin ningún tipo de dedicación las dietas de asistencia a plenos o comisiones, entre otras. El 'power point' del Ministerio, sin embargo, se despacha con un confuso "el 82 por ciento de los concejales no cobrarán". El documento no habla de reducir el número de regidores.

Y es que el objetivo del Gobierno es que solo el 18 por ciento de los concejales que hay en España (unos 80.000) vivan solo de la política. El ahorro total de todas las medidas que quiere aplicar el Gobierno con esta nueva ley, entre las que también destaca la eliminación de la duplicidad de competencias, es de 7.129 millones entre 2013 y 2015. Aún así, algunas fuentes consultadas apuntan que es complicado que la reducción de dedicaciones, que en Menorca de hecho apenas tendría incidencia, se pueda aplicar a medio mandato.

La nueva ley establecerá también límites en el sueldo de los alcaldes, a fijar cada año en los Presupuestos Generales del Estado, pero que irán en función del número de habitantes y tomarán como referencia el sueldo anual de un secretario de Estado. En el caso de los alcaldes de Maó y Ciutadella, por ejemplo, el tope serían, según unas primeras aproximaciones, 65.000 euros, (muy lejos de lo que perciben tanto Águeda Reynés como José María de Sintas) y por lo que respecta al primer edil de Es Migjorn Gran, el límite rondaría los 20.000 euros.

El informe entra de lleno en los asesores o personal eventual, con limitaciones en función del número de habitantes. Los municipios con menos de 5.000 habitantes no pueden tener. Maó y Ciutadella hasta siete. El resto de pueblos de la Isla, uno. Tampoco aquí parece haber problema alguno. Maó tiene asesores, pero no tantos.

Competencias
En cuanto a las competencias, educación y sanidad deben regresar a las comunidades autónomas. Esto afectaría a la gestión, por ejemplo, de las escuelas infantiles y al mantenimiento de los centros, en el primer caso, y a determinados servicios sociales en el segundo. La transmisión debe ser progresiva, aunque de solo un año en el caso de servicios sociales.

El Ministerio de Hacienda se encargará de evaluar los servicios de los ayuntamientos, relacionando coste y eficiencia. En aquellos consistorios de menos de 20.000 habitantes, si se considera adecuado, se podrá atribuir el servicio a la diputación, que al no existir en la Isla podría ser el Consell, aunque no se especifica la particularidad insular en el texto. Los más grandes pueden solicitarlo. Si entidades locales menores como la de Fornells no pasan esta evaluación, podrían llegar a suprimirse. Se favorece que algunas prestaciones se ofrezcan de forma mancomunada.

Prudentes
El informe cogió ayer desprevenidos a muchos de los alcaldes de la Isla, que consultados a media tarde aseguraban desconocer el contenido del mismo o conocerlo muy por encima, por lo que se mostraron prudentes. Coincidían en que el efecto en cuanto a limitación de dedicaciones exclusivas y asesores iba a ser nulo, pero que sí habrá incidencia en la devolución de las competencias de educación y sanidad, algo de lo que recelaban algunos y aplaudían otros.

En el caso de la educación, Manuel Monerris, de Ferreries, asegura que "no lo vería mal" por lo que respecta a las costosas escuelas infantiles, mientras que afirma que en el mantenimiento de los centros ya participa el Govern. En similares términos se expresa Cristóbal Coll desde Sant Lluís, "ningún problema", en vista de la carga que se les quitaría de encima.

En Alaior, Misericordia Sugrañes no ve mal los servicios mancomunados, algo que ya se ha hablado entre los alcaldes de la Isla. Sobre la devolución de competencias, explica que la nueva concesión del geriátrico se ha convocado por un año en previsión de que esta ley llegara, según informa Mercè Pons.

Águeda Reynés, alcaldesa de Maó, ve complicada la aplicación de la devolución de competencias en sanidad y educación al Govern. "No es tan fácil, nosotros, por ejemplo tenemos un geriátrico. Esto ya se ha hablado y es muy complicado, habrá que ver bien el detalle". Aún así, ve bien que se definan las competencias. Queda a la expectativa de conocer más detalles.

Francesc Ametller, desde Es Mercadal, apuesta por que los servicios se presten con la máxima proximidad al ciudadano, y no vería mal que aunque las escuelas infantiles pasen a manos del Govern su gestión se acabe encargando a los ayuntamientos, informa Ángeles M. Obispo.

José Luis Camps, alcalde de Es Castell, sostiene que desde su ayuntamiento ya se han adoptado muchas medidas de austeridad, con una reducción de 20.000 euros en retribuciones políticas, por lo que la reforma le deja más bien tranquilo.