La Conselleria de Bienestar Social, que dirige Aurora Herráiz, ha evitado que las oficinas de información al inmigrante (OFIM) sean gestionadas por empresas privadas o entidades externas a la administración.
El Govern, que tenía esta intención, hará una excepción con Menorca y volverá a firmar el convenio de colaboración por un importe de 207.000 euros, de los que 99.000 corresponden al Consell y 108.000 a la administración autonómica, que tiene la competencia de inmigración. El borrador del convenio ya está en manos del Consell y su firma permitirá que se mantengan los servicios, las plantillas y el presupuesto.
La consellera Herráiz ha reiterado su valoración positiva del funcionamiento de las OFIM en la Isla, motivo por el que ha defendido su mantenimiento. El conseller balear de Presidencia, Antonio Gómez, vino a Menorca el 5 de diciembre pasado y anunció al presidente del Consell la privatización del servicio al inmigrante. La sorpresa fue mayúscula, porque el proceso para convocar el concurso de gestión externa ya estaba en marcha y, en cambio, el Consell reservaba en su proyecto de presupuesto la cantidad de 99.000 euros para las OFIM.
El desacuerdo de Aurora Herráiz con el cambio en la gestión del servicio ha permitido que el Govern ceda y acepte que Menorca sea la excepción y mantenga la gestión pública de la atención a los inmigrantes.
Herráiz apunta que, a pesar del cambio que se ha producido en la situación de la inmigración, el servicio sigue siendo muy necesario y más después de que otras entidades, como el sindicato CCOO, haya tenido que prescindir de la atención que estaba prestando por el recorte en los recursos económicos.
La firma del convenio en las próximas semanas evitará sorpresas y permitirá afrontar la gestión de las OFIM con tranquilidad durante todo el año. Hay otras competencias del Govern que son gestionadas por el Consell en materia de atención social. En estos casos, el objetivo es el mismo, que se ratifiquen los convenios de colaboración a principio de cada ejercicio para evitar que la negociación se lleve a cabo cuando para del gasto ya se ha producido, un riesgo en periodos de ajuste y problemas de liquidez.
Las demandas de los inmigrantes han variado y ahora destacan las que hacen referencia a cuestiones médicas y de empleo.
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