Transparente, justa, igual para todos, sin arbitrariedades urbanísticas y democrática. Estos son los objetivos que quiere conseguir el Partido Socialista con la presentación de alegaciones al Proyecto de Ley para la activación económica en materia de industria, energía y otras actividades.
El diputado socialista, Marc Pons, deshojó la margarita de la normativa y denunció que el Partido Popular pretenda "tener las espaldas cubiertas a nivel legislativo para avanzar en grandes proyectos en suelo rústico, están preparando el terreno", espetó.
Para el parlamentario, este Decreto Ley -que el Govern tramita como ley- "abandona" los objetivos iniciales de favorecer un cambio de modelo económico, se convierte en un instrumento que "da total libertad al director general de Industria para autorizar grandes instalaciones energéticas en suelo rústico sin requerir la opinión ni la voluntad de consells y ayuntamientos", otorga "inmunidad" a las actividades que se encuentran fuera de los márgenes de la legalidad urbanística y suprime todo trámite administrativo en "solo algunas actividades".
Las enmiendas que presentó ayer el PSIB-PSOE pretenden garantizar que sean los consells y los ayuntamientos los que tengan la última palabra en el otorgamiento de infraestructuras energéticas en suelo rústico. Y es que, según Pons, "necesitamos definir claramente que cada Consell tiene capacidad de establecer y enmarcar la ubicación de las infraestructuras energéticas en suelo rústico y que cada ayuntamiento tiene que poder dar la licencia de obras pertinente".
Las enmiendas también van dirigidas a garantizar que el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas sea igual para todos. Exigen, por ello, que no haya inmunidad para aquellas actividades que se han desarrollado ilegalmente y que de repente podrán aflorar sin ninguna adaptación a la normativa vigente. Además el parlamentario considera un "disparate urbanístico" que se puedan autorizar proyectos de actividades que incumplan el Plan General con la simple justificación técnica que convenga al promotor.
Finalmente, Marc Pons señala que con la excusa de la simplificación administrativa, "el Govern ha eliminado los trámites de algunas actividades concretas" pero "establece el mismo recorrido" en la tramitación administrativa del resto de actividades. "No han simplificado trámites sino que han suprimido algunos", espeta.
Marc Pons denuncia a su vez que el Ejecutivo autonómico haya impulsado 14 decretos ley y ninguna iniciativa legislativa, lo que significa "un menosprecio hacia el Parlament puesto que las normas ya están en vigor cuando se debaten, además de no admitir muchos informes de administraciones responsables".
Por su parte, el conseller Joan Marquès apunta que la Isla se diferencia por sus valores territoriales y ambientales propios y que este tipo de iniciativas tendrán una incidencia directa al defender unos intereses que no están hechos en clave isleña. "En la Isla la prima de riesgo ambiental y territorial aumenta a medida que conocemos las iniciativas de los populares". Es por ello que el Partido Socialista pedirá ante el pleno del Consell que el equipo de gobierno defienda los intereses de la Isla ante las amenazas que supone la norma.
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