El catedrático de Economía y consejero del Banco de España, Guillem López Casasnovas reiteró anoche en su intervención lo que a su juicio es una falta de percepción ciudadana de la realidad de unas administraciones menorquinas que adeudan unos 120 millones de euros (de los que 37 millones corresponden al Consell), vinculando dicha cuestión a la falta de hábitos de nuestras administraciones públicas de rendir cuentas.
En este sentido, explicó que las páginas web municipales en el mejor de los casos contienen el presupuesto de años atrasados, nunca el liquidado que es el real. Además, el órgano fiscalizador, la Sindicatura de Cuentas de Balears, muestra a día de hoy sólo el Informe de las Cuentas del Consell de 2009, y ningún ayuntamiento de Menorca entre 2003-10 había presentado a dicho órgano sus cuentas en tiempo y forma en todos los años.
Teniendo en cuenta estos y otros datos, para el economista menorquín, la reforma de la Administración no es una cuestión tan sólo de déficit y deudas "las cifras nuestras no son peores que las baleares o españolas", sino de "legitimación democrática, funcionamiento correcto, gestión eficiente y suficientemente fiscalizada por funcionarios de carrera".
Casasnovas matizó no obstante, que la situaciones en Menorca son desiguales. Así, el problema de Ciutadella, vista su deuda viva (por encima de los 26 millones) y de acuerdo con su capacidad de generar ingresos, patrimonio y renta per cápita es diferente de la de Maó (19 millones, aunque son 22,4 los ya previstos para el final de 2012). Del mismo modo que la de Ferreries (11,9) no es parangonable a la de Es Migjorn (0,5).
Punto y aparte merece el Consell. De los 37 millones de deuda, casi seis son costes financieros y amortizaciones y un remanente de tesorería negativo de ocho millones. Y todo ello para una hacienda que se nutre de transferencias con las que cubre 46 de sus 50 millones de ingresos corrientes. Casasnovas apuesta por potenciar el valor del Consell "como Ayuntamiento de ayuntamientos" y sus 343 empleos efectivos.
"El hito político de su creación", dijo, "debe ser acompañado ahora de su justificación económica como gestor eficiente de servicios locales mancomunados y consorciados".
El consejero del Banco de España hizo hincapié además en la obligación que tienen los ayuntamientos de saber con qué dinero cuentan antes de contratar y de gastar, cuánto ingresan y cuánto han de apartar de recursos propios para pagar sus deudas.
Por otra parte, en su intervención, Casasnovas no se mostró muy partidario del Decreto Montoro, en concreto de la cesión de ciertas competencias municipales en favor de las diputaciones porque éstas son órganos de elección indirecta y menos fiscalizables por la ciudadanía que los entes locales.
Como conclusión, el economista propuso anoche que los partidos que se confiesan realmente de obediencia menorquina firmen un gran pacto pre-electoral, "en el velo de la ignorancia de 'a quien' corresponderá gestionar 'qué" a favor de consorciar una serie de servicios de modo mancomunado a nivel insular para toda la legislatura, ofreciendo músculo financiero a la institución que representa a la totalidad de los menorquines, el Consell.
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