Maite Bagur, la auxiliar administrativa que confesó haber alterado y borrado documentos, y Soledad Navarro, la técnico de turismo que admitió haber redactado informes 'a la carta' o en los que se falseaba la realidad, imputadas ambas en el caso CITUR por sendos delitos de falsedad documental, han solicitado, con el apoyo de algunos sindicatos, que el Consistorio pague su asistencia jurídica.
Ambas se amparan en lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que reconoce el derecho de los empleados públicos "a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos".
Y es, precisamente, en la naturaleza de los hechos investigados por el juzgado y en la propia redacción del artículo 14 del EBEP, donde Unió des Poble de Ciutadella (UPCM) encuentra argumentos de sobra para pedir que no se paguen estos gastos, ya que, como han puesto de relieve los hechos y las propias declaraciones de las imputadas, ni Bagur ni Navarro actuaron "de ninguna manera en el 'ejercicio legítimo' de sus funciones o cargos públicos, sino en el ejercicio ilegítimo de los mismos, causando además, en algunos casos, un importante perjuicio económico al Ayuntamiento con su irregular proceder".
Recuerda UPCM, en un artículo que publica en su web oficial, que "algunos informes en los que se falseaba la realidad sirvieron para encargar estudios innecesarios o abonar precios desorbitados por la redacción de proyectos de obras en procedimientos de adjudicación amañados".
Desde dicho partido se considera "absolutamente inaceptable" esta pretensión, "porque obviamente el presunto delito de falsedad documental no se encuentra dentro del ámbito del ejercicio legítimo de las funciones de nadie, sino que, en todo caso –y salvaguardando la presunción de inocencia o la controversia sobre si la actuación de estas empleadas fue culposa o dolosa- entraría de lleno dentro del ámbito del ejercicio ilegítimo de las mismas". Ello, con independencia de que "sea o no sea condenable penalmente en base a posibles atenuantes o eximentes, tales como haber seguido órdenes superiores de políticos imputados por los mismos hechos".
En alusión a Soledad Navarro –aunque UPCM omite los nombres en su página de internet-, afirma el partido de Joan Triay que "obviamente, entre las funciones legítimas de una técnico se encuentra el asesoramiento y la emisión de informes, no el firmar informes extemporáneos o engañosos para facilitar el pago por parte de la institución que debía asesorar de unos 'estudios' que no tenían 'ninguna utilidad' para la misma. De la misma manera, en referencia a Maite Bagur -aunque sin nombrarla-, recuerda UPCM que "en el ejercicio legítimo de las funciones de una auxiliar administrativa no se incluyen en absoluto la alteración, falsificación o destrucción de resoluciones".
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