Carles MarquèsCiutadella25/03/12 0:00
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El caso CITUR, en el que se investiga la existencia de una serie de presuntas irregularidades y malversaciones en el área de Turismo de Ciutadella -con la supuesta implicación de SAB, la empresa que resultaría a la postre adjudicataria de la gerencia del PDPT-, sigue ofreciendo elementos de interés a medida que progresa la instrucción. Las recientes declaraciones en sede judicial de Javier Liy, gerente de SAB Tourism Enrivonment & Tech Consultants, y del ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans, imputados en el caso, parecen confirmar las sospechas que hicieron nido en la Fiscalía a raíz de la entrega de las 51 conclusiones de la comisión de investigación creada, ex profeso, por el Ayuntamiento y que tuvieron su más espectacular manifestación en agosto pasado, con el desembarco en Ciutadella de los fiscales anticorrupción en el marco de la Operación Xoriguer, que concluyó con la detención, y posterior puesta en libertad, con cargos, del exalcalde, Llorenç Brondo, y los exediles Avel·lí Casasnovas y Gabriel Cardona.

La posición del exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ciutadella, Javier Liy, no parece quedar en muy buen lugar tras su última declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Mallorca, y ello a tenor de los detalles que el director de Serveis Ambientals de Balears SL (SAP) ofrece sobre su supuesta participación en la trama bajo la sospecha de adjudicación corrupta de proyectos de promoción turística y obras de embellecimiento desde el ente turístico Ciutadella Turisme (CITUR). Efectivamente, según se deduce de las declaraciones del empresario –que UPCM ha decidido 'colgar' en su web, en respuesta a los titulares aparecidos en la prensa tras las últimas manifestaciones de los abogados de Liy y Gabriel Cardona-, los precios de los diferentes trabajos que se encargaban desde el área de Turismo se fijaban "en el momento de la entrega del trabajo encargado". De todo ello, y de las afirmaciones de Liy en el sentido que todos los encargos salían del ex concejal de Turismo, deduce Unió des Poble de Ciutadella que Cardona, "no sólo procedía a efectuar contrataciones verbales ilegales, prohibidas expresamente por el artículo 55 de la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en vigor cuando las realizó, y por el artículo 28 de la Ley vigente en la actualidad, sino que, además, ni siquiera se preocupaba de saber el precio de los proyectos que contrataba ilegalmente, porque lo desconocía en el momento en que hacía el encargo".

Pero hay más. Como ya hizo en su declaración ante la Guardia Civil de marzo del año pasado, Liy se reiteró en su reciente manifestación de hace unos días ante el Juzgado en que contactó con los otros dos aspirantes que aparentemente optaban al proyecto de zonas peatonales paralelas al canal del Lago de Cala en Bosc y que llegó, incluso, a indicarles el importe que debía figurar en los presupuestos que presentaron.

Entre lo más llamativo, sin embargo, de la última declaración judicial del director de SAB, dejando a un lado las "abundantes contradicciones" apreciadas por parte de la representación procesal de UPCM, personada como acusación particular en el caso, destacan sus continuos lapsus de memoria. No en vano, contentó a la mayoría de las preguntas con un "no lo recuerda", un "no se acuerda" o un "lo desconoce". Así ocurrió, por ejemplo, cuando fue inquirido por las razones por las que un testigo afirma no haber presentado nunca propuesta alguna ante el Ayuntamiento de Ciutadella para la realización de material multimedia de interpretación cultural y turística, en el marco de un procedimiento que, como ocurrió en la mayoría de los casos, acabó siendo adjudicado a SAB.