Tres de cada cuatro menorquines no creen que se reduzca el paro

El pesimismo sobre la situación económica es más acentuado en la Isla

Maria SoláMaó07/01/12 0:00

Tres de cada cuatro menorquines no confía en que se incremente la ocupación durante el año 2012. El pesimismo sobre la situación económica es más acentuado en Menorca que en resto de Balears, según se desprende del último informe elaborado por Gadeso. En concreto, el 75 por ciento de los ciudadanos de la Isla es pesimista en relación a la posible creación de empleo, mientras que el 17 por ciento confía en que se genere ocupación a medio plazo.

A nivel balear, el 68 por ciento de los ciudadanos piensa que no descenderán las cifras del paro durante 2012 y el 21 por ciento vaticina un aumento de la ocupación.

Por otro lado, el 45 por ciento de los residentes en la Isla considera que no se producirán cambios significativos de la situación económica respecto a 2011 y el 22 por ciento cree que la situación empeorará durante este año.

Percepciones políticas
El estudio de Gadeso también repasa las percepciones políticas de los habitantes de Balears. En este caso, los menorquines vuelven a ser de nuevo los más negativos, otorgando un 4,2 sobre 10.

En relación a los líderes políticos, el más conocido en el Archipiélago es el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, con un índice del 85 por ciento, y es valorado con un 4,5 sobre 10. Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Francina Armengol, registra un nivel de conocimiento del 67 por ciento y una valoración de 4 sobre 10, y el portavoz parlamentario del PSM-IniciativaVerds-Entensa, Biel Barceló, es conocido por un 73 por ciento de los ciudadanos, que lo valoran con un 4,3 sobre 10.

Por otro lado, la reducción de la administración y la nueva Ley del Emprendedor orientada a la creación de puestos de trabajo son las principales medidas económicas impulsadas por Bauzá que más acuerdo han generado entre los ciudadanos de Balears. Por el contrario, el pago de diez euros para renovar la tarjeta sanitaria y la renuncia del Ejecutivo autonómico a cobrar el impuesto de patrimonio son las iniciativas más rechazadas.