El Defensor del Paciente ha pedido a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que intervenga ante la "cacicada" en la que, a su parecer, ha incurrido el Govern balear al permitir que las mujeres que quieran abortar tengan que adelantar el pago de la intervención cuando sean operadas en una clínica privada.
En una misiva enviada a la ministra, el Defensor del Paciente acusa de "esperpéntico" al Govern por pretender justificar esta decisión para evitar "el fraude" a la administración pública. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de José Ramón Bauzá de querer "esconder las verdaderas razones" que, a su juicio, "no son otras que la ideología política".
El Defensor del Paciente ha recalcado que el derecho al aborto es "infranqueable" según queda recogido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la cual ha señalado que "no se recoge el pago anticipado del paciente".
Cabe señalar que el artículo 19 de la citada ley señala que la prestación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Asimismo, añade que "si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".
Por otra parte, el Defensor del Paciente se ha preguntado qué pasará con las mujeres que no tengan medios económicos para sufragar el coste de la intervención. "Esto es asumir mucha responsabilidad para un gobierno que no parece pensar lo que hace", ha lamentado.
En opinión del Defensor del Paciente, el Govern balear está haciendo un "abuso de poder" para aplicar "una forma de gobernar retrograda e injusta".
Por su parte, el director general del IB-Salut, Juan José Bestart, ha afirmado que el servicio sanitario balear pretende que todo el proceso para la realización de una interrupción voluntaria del embarazo se haga dentro del sistema público y que, con carácter "excepcional", se deriven a clínicas privadas los casos que no se pueda asumir, que ha estimado que estarán en torno al 10 o 12 por ciento del total de las intervenciones que se realicen al año.
El responsable del IB-Salut ha señalado que pretenden contratar a más ginecólogos para poder asumir desde el sistema público el mayor número posible de abortos. En este sentido, ha precisado que, según sus cálculos, con cuatro ginecólogos más será "suficiente".
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