Maó y los funcionarios llegan a un principio de acuerdo

No obstante, el descenso de estas prestaciones no ha sido el eje de las negociaciones ya que, según explicó ayer el miembro de la Junta de Personal, Llorenç Seguí, el equipo de gobierno no ha dado pie a un posible reajuste de esta medida. "Los funcionarios hemos aceptado la reducción de las ayudas sociales a cambio de otros pactos", aseveró el representante de los trabajadores públicos del Ayuntamiento.

Entre los acuerdos alcanzados durante los encuentros mantenidos regularmente durante las últimas semanas, el equipo de gobierno ha accedido a que los funcionarios puedan seguir adscritos al convenio colectivo del personal laboral mientras se negocia un pacto de funcionarios que, en un futuro, deberá regir las condiciones de este colectivo.

Asimismo, Seguí avanzó que las negociaciones también han permitido acercar posturas sobre el salario de los policías locales que, en lugar de reducirse en 311 euros como planteaba el equipo de gobierno en un primer momento, descenderá finalmente 120 euros. En este punto, el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, puntualizó que la valoración sobre los puestos de trabajo de los policías elaborada por una empresa externa concluyó que cobraban unos 300 euros más en concepto de productividad, como consecuencia de diversos pactos suscritos entre el colectivo y los anteriores equipos de gobierno. "Los gobernantes no habían tenido nunca en cuenta que este acuerdo no contaba con el visto bueno de Intervención y Secretaría, que mensualmente publicaban informes alertando de esta irregularidad", explicó el edil.

Botella se refirió también a la reducción de las ayudas sociales que, finalmente, afectarán a toda la plantilla por igual y no tan sólo a aquellos empleados municipales con mayor poder adquisitivo, como pretendía el equipo de gobierno en primera instancia. "Nuestra intención era aplicar criterios de solidaridad pero debido a que los trabajadores con mayores retribuciones no han renunciado a estas ayudas tendremos que repartir la partida destinadas a estas prestaciones", indicó. En total, el Ayuntamiento ha rebajado de 250.000 a 150.000 euros la asignación destinada a este fin, que se distribuirán proporcionalmente entre todos los empleados públicos que demanden estas ayudas, añadió Botella, quien consideró "impresentable" que los trabajadores que cobran entre 40.000 y 50.000 euros anuales pretendan beneficiarse también de las prestaciones sociales.