La Constitución establece, en su artículo 47, el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Para muchos ciudadanos que se hipotecaron durante la burbuja inmobiliaria el derecho recogido en la Carta Magna tornó de sueño a pesadilla al estallar la crisis, perder el empleo y no poder afrontar la deuda con los bancos. Todos los partidos políticos apuestan por garantizar el acceso a la vivienda. El drama de los embargos y las movilizaciones ciudadanas contra los desahucios han hecho que la mayoría de los programas electorales recojan la necesidad de cambios, tanto en el enfoque del sector de la construcción e inmobiliario, como en el actual sistema hipotecario.
EL PSOE propone la regulación de las sociedades tasadoras. La propuesta socialista es dar salida al stock de vivienda (unas 700.000 unidades) a través del alquiler y potenciar la rehabilitación, con apoyo del ICO en la financiación de inversiones en rehabilitación y regeneración urbana. Medidas para paliar el sobrendeudamiento familiar como la aprobación de una nueva Ley de Insolvencia Personal; la regulación de las sociedades tasadoras; la exigencia a los bancos de ofrecer información clara y sencilla antes de firmar los créditos; y la supresión de cláusulas abusivas, como por ejemplo, limitar en las hipotecas sobre la vivienda habitual el tipo máximo a aplicar en los intereses de demora e impedir que se actualice a la baja el valor de la finca al poco tiempo de haberse constituido el crédito hipotecario.
El PP plantea cambiar la ley concursal para liberar a deudores tras un embargo . El PP promete aplicar a la compraventa de viviendas habituales, de manera transitoria, el IVA super reducido, actualizando también la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF. Otra propuesta es reformar la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable. Asimismo, promover que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades, estableciendo criterios como la renta per cápita del hogar.
PSM-Equo están a favor de establecer moratorias para pagar las deudas hipotecarias. La coalición electoral que forman PSM-EQUO propone fomentar la rehabilitación de vivienda, aprobar una tasa sobre los inmuebles deshabitados y abrir líneas de ayudas al sector que promuevan la edificación sostenible. Plantea asimismo la necesidad de construir y rehabilitar viviendas protegidas, así como una serie de medidas como liberarse de la deuda hipotecaria entregando la vivienda al banco, siempre y cuando se acredite el origen hipotecario de la deuda y la residencia habitual. Junto con la dación en pago proponen medidas legislativas que permitan a las personas seguir usando su vivienda habitual objeto de ejecución hipotecaria, así como moratorias efectivas para poder afrontar los créditos.
IU aboga por la prohibición de los desahucios. La coalición de izquierdas, junto con Los Verdes, se compromete a promulgar una nueva Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias, además de medidas que prohíban el desahucio de trabajadores en paro. IU plantea además la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios, al incorporar la dación en pago para la liquidar la deuda. Hasta que esto se produzca se establecería una moratoria que suspenda los desahucios, de modo que ningún núcleo familiar o de convivencia quede sin vivienda. Otra propuesta electoral es la creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado, formado con el stock que actualmente tienen la banca y los promotores, y que sería adquirido por las administraciones públicas a precio de coste, además de expropiar las viviendas desocupadas.
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