La empresa Ocibar, S.A. ha presentado ante Autoridad Portuaria de Balears (APB) su renuncia a la concesión de la explotación de los amarres en la ribera norte del puerto de Maó, puestos que venía gestionando desde el mes de noviembre de 2009.
La sociedad anunció ayer a través de un comunicado de no continuar con la concesión administrativa y señaló como única causa de esta decisión la crisis económica. Según señaló Ocibar, durante el año y medio que ha gestionado los amarres, la firma "ha cumplido con todas sus obligaciones financieras y ha procedido a la adecuación de las instalaciones de Cala Llonga". En dicha zona, recordó la empresa, se han creado nuevos accesos y servicios, además de haberse instalado nuevos pantalanes en los espacios de La Solana y la Illa del Rei.
Ocibar afirma en su nota que garantizará la prestación de todos los servicios previstos a sus clientes, por lo que éstos no sufrirán ningún inconveniente debido a la nueva situación. "La negativa situación económica", subrayó la empresa, "ha dado lugar a una vertiginosa caída del mercado, lo que aconseja tomar la decisión anunciada".
Informe
Autoridad Portuaria, ante la renuncia de Ocibar, S.A., pedirá la próxima semana un informe a la Abogacía del Estado para decidir qué procedimiento seguir a partir de ahora. Fuentes oficiales de la entidad gestora del puerto de Maó afirmaron ayer que Ocibar comunicó sus intenciones, junto con una serie de propuestas, como es la continuidad en la prestación de servicios a los clientes que mantiene en la ribera norte.
Pero las mismas fuentes aseguraron que la concesión "no puede devolverse de cualquier manera, debe ajustarse a la ley", por lo que Autoridad Portuaria solicitará a la Abogacía del Estado sobre las vías posibles. La última decisión sobre la renuncia de Ocibar, S.A. a la concesión de los amarres la tendrá el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria.
Año y medio
Dieciocho meses es el tiempo que la sociedad Ocibar ha explotado los puntos de atraque de S'Altra Banda del puerto de Maó, aunque la concesión se establecía por un periodo de catorce años. Con la renuncia de la empresa a la concesión, otorgada el 24 de noviembre de 2009, Autoridad Portuaria deja de percibir un canon anual de 927.599 euros, que debía abonar Ocibar por la gestión de 442 amarres repartidos en siete kilómetros lineales de costa, unos 256.000 metros cuadrados de espejo de agua.
La empresa inició las obras de mejora en los puntos de mayor demanda de amarres, como son Cala Llonga, la Illa del Rei y el muelle de Pilar Alonso. La primera fase de la reordenación concluyó en julio del año pasado, con vistas a la ocupación de los puntos de amarre por las embarcaciones durante la temporada alta.
Operativo desde 2010
Una segunda fase de los trabajos se consensuó el pasado enero con Autoridad Portuaria, por lo que tan sólo medio año atrás, y a pesar de la crisis y del retraso en la ejecución del proyecto, nada parecía hacer presagiar que Ocibar pretendiera renunciar a la concesión. Los primeros yates amarraron en la zona gestionada por Ocibar en julio pasado.
El cambio en el titular de la explotación de la ribera norte del puerto no estuvo exento de polémica. La empresa que gestionó los amarres hasta 2009, Ribera del Puerto, firmó el acta de reversión advirtiendo que se reservaba la posibilidad de emprender acciones legales, por haber detectado, aseguró su responsable, Javier Hernández, carencias e irregularidades en el procedimiento administrativo que derivó en la concesión de los amarres a Ocibar.
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