"Quesería estaba abocada al cierre"

La juez Esther Sara Vila sostiene en el auto que la administración concursal de Carcesa, empresa de Nueva Rumasa que ostenta el 100 por cien de las acciones de Quesería Menorquina, ha advertido de que el valor patrimonial de esta sociedad es negativo, por lo que estaría "abocada al cierre de no adoptarse la medida".

La plantilla, integrada por unos 175 trabajadores, tiene previsto formalizar el próximo lunes la operación, que se cerró por un precio simbólico de 346 euros y con el compromiso de asunción de deuda por parte de los adquirientes.

Según fuentes conocedoras del acuerdo, los compradores asumen un pasivo de entre 30 y 35 millones de euros, superior en unos diez millones de euros al valor de los activos de la empresa.

El 51 por ciento del capital corresponderá a dos directivos y a un consultor externo vinculados desde hace tiempo a Quesería Menorquina, mientras el 49% restante corresponderá a los trabajadores, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

En el auto se precisa que no se han producido otras ofertas de compra que pudiesen ser valoradas. La magistrada defiende que procede la autorización de la venta porque "garantiza la continuidad de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el interés de los acreedores".

Favorable para Carcesa

Además, sostiene que la operación "no sólo es favorable para la continuidad de Quesería, sino también de Carcesa".

"La diferencia para Carcesa entre que Quesería cierre su actividad, dejando a 175 trabajadores sin empleo, o que continúe con un proyecto real de viabilidad que permita remontar la situación en la que se encuentra y asumir las deudas de la sociedad, repercute directamente en garantizar la continuidad empresarial y el mantenimiento del empleo en Carcesa, unido al interés de los acreedores", mantiene la juez.