El candidato del PSOE a la presidencia del Consell, Marc Pons, subrayó ayer la necesidad de acometer durante la próxima legislatura la revisión del Plan Territorial Insular (PTI), con la aplicación de una serie de iniciativas entre las que destaca la habilitación de las edificaciones existentes en los alrededores del Camí de Cavalls como albergue o refugio para pernoctaciones.
El PSOE se ha propuesto llevar a cabo dentro de los próximos cuatro años una serie de modificaciones puntuales del PTI, con el objetivo de adaptar el planeamiento insular a las necesidades de la sociedad actual. Así, se propone permitir que las construcciones legales de los predios posteriores a 1960 puedan destinarse a la actividad turística, condicionado a que constituya un incremento de la calidad de la oferta. El PSOE también proyecta facilitar la ampliación de las viviendas en suelo rústico, por lo que no será obligatorio proceder a la demolición de una superficie similar preexistente. Otra iniciativa ligada al ámbito urbanístico es la de impulsar la adaptación de los núcleos rurales al PTI, por cuanto desde la aprobación del planeamiento insular solo se ha culminado la legalización del núcleo de Es Camp Sarc, en Sant Lluís. Por ello, se establecerán nuevos mecanismos de colaboración con los propietarios y los Ayuntamientos para desarrollar los planes especiales de los citados núcleos.
También se propone actualizar la cartografía de las zonas de prevención de riesgos, para que las limitaciones de usos de las zonas afectadas sean la respuesta a su incidencia ambiental y no de fórmulas territoriales y urbanísticas genéricas. Asimismo, la revisión propuesta pretende impulsar la celebración de eventos deportivos relacionados con la naturaleza, entre los que ya figuran la prueba ciclista BTT y el triatlón Extreme Man.
Marc Pons recordó que en 1999 la sociedad insular apostó de forma mayoritaria por un nuevo modelo social y económico, que contemplaba un crecimiento sostenible, la cohesión social y unos entornos urbanos y naturales de alta calidad, lo que propició la aprobación del PTI en 2003. Pons destacó que los principios recogidos en el documento son vigentes e irrenunciables, aunque precisó la necesidad de revisar los criterios de la ordenación territorial, tal y como contempla el propio documento que marca una vigencia de 10 años.
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