Alaior obvió una presunta irregularidad administrativa para no destruir empleos

El empresario ciutadellenc y la asociación denunciaban que la instalación no contaba con la licencia de apertura ni la de funcionamiento, y pedían incluso la paralización de la actividad. A día de hoy, esta denuncia sigue pendiente de una resolución judicial, si bien en su día el Ayuntamiento de Alaior priorizó el mantenimiento de la actividad y sus puestos de trabajo por encima de las posibles irregularidades de la planta.

En una resolución de alcaldía de 22 de mayo de 2009 a la que ha tenido acceso este periódico, el alcalde aseguraba que "es criterio del Ayuntamiento de Alaior que el bien público más importante a preservar en este momento son los puestos de trabajo (...) La empresa Palliser manifiesta que tiene trabajando en la fabricación de hormigón fresco a un colectivo importante de personas y, a pesar de que se ha cometido una infracción, se deberá intentar preservar estos puestos de trabajo en primer lugar, sin descartar la adopción de las medidas convenientes y la sanción al empresario por la infracción cometida".

En esta línea, el documento oficial añade que "si se tiene la oportunidad de no incrementar los parados en el pueblo es la responsabilidad del Ayuntamiento adoptar las medidas que la legalidad permita a tal efecto".

En base a esta argumentación, el Consistorio abrió un expediente sancionador, que podría representar una multa de entre 6.000 y 60.000 euros y la suspensión de la actividad durante un plazo máximo de medio año. No obstante, el Consistorio decidió no paralizar la planta de hormigón, una decisión que fue avalada por una primera sentencia judicial.

El equipo de gobierno defendió su tesis de que no hacía falta cerrar la planta y poner en la calle a decenas de trabajadores por la existencia de una irregularidad que se podía subsanar.

No obstante, el tema sigue en los tribunales, y fuentes del Ayuntamiento de Alaior consultadas por este periódico desconocen a día de hoy si el tema acabará con una sanción económica para la empresa. De momento, el Consistorio ya ha pedido informes tanto al Consell como al Govern, intentando esclarecer uno de los puntos claves de este litigio: saber si la fabricación de hormigón debe considerarse una actividad nueva o por el contrario puede entenderse como algo que ya se estaba haciendo en las instalaciones en cuestión.

Las mismas fuentes consultadas apuntan a que el proceso podría culminar con el establecimiento de un plazo definitivo para el traslado de la planta a las afueras del casco urbano, en unos terrenos ubicados frente a la Rotonda del Llangardaix que han sido calificados especialmente para acoger las instalaciones de Prefabricados Juan Palliser.

El proceso ya estaba previsto, aunque por ahora no hay fecha concreta para una mudanza que podría costar, según algunas fuentes consultadas, unos 25 millones de euros. Estas mismas fuentes señalan que los tribunales podrían determinar la obligatoriedad de abandonar la actual ubicación de la fábrica y trasladarse al nuevo emplazamiento.

Este traslado, previsto ya en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Alaior, dejaría espacio para una zona deportiva que complementaría el campo de Los Pinos y que debería ser cedida obligatoriamente por los propietarios al Consistorio.

Se habilitaría también una zona verde, otra de aparcamiento y espacio residencial. El sistema es similar al que se utilizó cuando se trasladó la planta de Coinga. La venta de los terrenos que ocupaba la fábrica permitió financiar una parte del cambio de emplazamiento.

De momento, Prefabricados Juan Palliser SA ha presentado ante el Ayuntamiento de Alaior un proyecto para legalizar las instalaciones actuales, lo que se conoce como una actualización de la actividad. En este sentido, fuentes municipales consultadas por este periódico asumen que la actual fábrica "está fuera de ordenación en su actual emplazamiento, y nosotros estamos haciendo todo lo legalmente posible para mantener los puestos de trabajo"