Delegados de CCOO y UGT protagonizaron ayer un encierro en las oficinas del Instituto de la Seguridad Social (INSS) de la plaza de la Biosfera de Maó en protesta por la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años. Esta acción de protesta se repitió en todas las sedes provinciales y comarcales del INSS como "toque de atención" al Ejecutivo de Zapatero en el caso de que rompa el nuevo clima de diálogo abierto con los sindicatos y posible anticipo de una nueva huelga general en febrero.
Para los sindicatos, la prolongación de la jubilación supone una medida "injusta e innecesaria" para el sistema público de pensiones. Insisten en que dicho sistema "no está en peligro" y además es uno de los más saneados de Europa. "Tenemos un fondo de reserva de 62.000 millones de euros y un superávit de 8.000 millones a pesar de tener cuatro millones de parados. No existe base científica ni argumentos económicos ni demográficos suficientes que justifiquen una medida como ésta", enfatizó ayer el secretario general de CCOO en Menorca, Ramón Carreras, quién afirmó que este giro a la derecha del gobierno socialista obedece a las presiones de la gran banca deseosa a su juicio de la implantación de un sistema de pensiones privado. "Para que quiebre un sistema público de pensiones debería quebrar un Estado y en estos momentos es más fácil que quiebre un banco y con él los fondos de pensiones privadas que propugnan", advirtió el sindicalista menorquín.
Más ingresos
En opinión de Carreras el discurso del Gobierno está distorsionado y en lugar de discutir sobre recortes se debería hablar de aumentar los ingresos. CCOO y UGT se mostraron ayer dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores. En este sentido hizo referencia a una de las cuestiones que estos días está en la mesa de diálogo con los sindicatos como es la posibilidad de incrementar el porcentaje que se detrae de la nómina de cada trabajador en las cotizaciones a la Seguridad Social, en lugar de implantar el retraso de la jubilación de los 65 a los 67 años. "Ampliar la edad significa condenar a toda una generación al desempleo. El debate es ficticio lo que debería haber son sueldos más dignos y más empleo, además de recuperarse el poder adquisitivo de las pensiones", espetó mientras recordó que el porcentaje que España dedica a pensiones en relación a su producto interior bruto es un 3 por ciento inferior a la media europea. "Apenas nadie podrá tener los 40 años cotizados que estudia pedir el Gobierno para cobrar el cien por cien de la pensión. La gente debe concienciarse de lo que quiere hacer. Si no lucha por sus derechos le van a quitar los que ya tiene", concluyó.
Gobierno, sindicatos y empresarios siguen negociando la reforma de las pensiones, junto a otras materias que se han incluido en el proceso de diálogo social. Las partes coinciden en que hay voluntad de acuerdo, pero también en la dificultad de encontrar consensos.
Hasta el momento, el Gobierno mantiene su intención de negociar hasta el día 28, fecha límite que el Ejecutivo se ha marcado para aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Los encierros previstos para la jornada de hoy se celebrarán en toda España, menos en Andalucía, donde tendrán lugar el próximo día 25.
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