L.M.F.Ciutadella20/01/11 0:00
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Cuando se aventura el comienzo de una nueva etapa en IB3 con la concesión a Central Broadcaster Media de la gestión de los servicios informativos, un nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears vuelve a refrendar el enorme esfuerzo económico que implican el conglomerado audiovisual autonómico conformado por el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears y las cuatro mercantiles que giran en torno al mismo, Ràdio de les Illes Balears, S.A., Televisió de les Illes Balears, S.A., Multimèdia de les Illes Balears, S.A. y Desenvolupament Digital Balear, S.L

De acuerdo con el documento elaborado por el órgano fiscalizador, referido al periodo 2003-2007, IB3 presentó unos porcentajes de ejecución de gastos superiores al cien por cien, lo que supone que dichos gastos fueron superiores a los créditos definitivos que tenían asignados. Así, el grado de ejecución del presupuesto de gastos fue del 123 por cien en 2005, del 111,4 por cien en 2006 y del 131,9 por cien en 2007. (Pese haber iniciado el ente y las mercantiles en 2004, no hay datos presupuestarios de este ejercicio, según el informe).

El dato es más preocupante si se tiene en cuenta que esos créditos (las cantidades consignadas para hacer frente a los gastos previstos) hubieron de ser modificados para compensar pérdidas. En este sentido, en 2005 se partió de una previsión inicial de 59,4 millones de euros, registrándose modificaciones por valor de 170.000 euros (0,3 por cien), mientras que en 2006 se pasó de 78,1 a 134,1 millones (71,8 por cien) y en 2007 de 83,5 a 134,5 millones (61 por cien).

Estos desajustes presupuestarios repercuten directamente en el nivel de endeudamiento de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, que en 2005 presentaba una deuda de 40 millones de euros, cantidad que se había casi quintuplicado en 2008. Al cierre de ese ejercicio la deuda viva era de 181 millones de euros, lo que generaba unos gastos financieros de 8 millones de euros. Por este motivo, el máximo órgano fiscalizador ha advertido en diferentes ocasiones que "considerando las pérdidas generadas desde su creación y la situación de desequilibrio patrimonial (...), se deberán realizar aportaciones para garantizar la continuidad en la prestación de servicios".