"ASHOME considera ilegal todo lo que no tiene bajo su tutela"

En todo caso, Noguera reitera la necesidad de "dejar trabajar" a la Administración para que pueda verificar, con las herramientas de que dispone hoy día, la posible comercialización de plazas ilegales en Menorca. "No estoy de acuerdo con la ilegalidad, pero sabemos que la Administración puede estar escasa de herramientas y no puede ir más allá. Esto debe cambiar y sólo será posible con el consenso de todos", reflexionó el presidente de VITURME. El problema, en opinión de Noguera, es que "ASHOME considera ilegal todo lo que no tiene bajo su tutela" y añadió que en relación a este tema actualmente existe una legislación diferente en Europa que, en todo caso, deberá ser unificada. "Las normas que se aplican aquí no valen en muchos países europeos donde posiblemente se origine esa ilegalidad", subrayó.

Moderación
El responsable de la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca pide moderación a la hora de abordar según qué cuestiones en una situación de crisis económica. Considera que ASHOME no ha elegido el mejor momento para arremeter contra otros sectores porque "pueden pagar justos por pecadores". Además, advierte que los hoteleros menorquines también tienen motivos para no lanzar la primera piedra.

"Si tienen tanta confianza en lo que dicen deben presentar sus denuncias donde consideren más oportuno, pero creo que este es el momento de ayudar, de colaborar, de no convertirse en juez y verdugo. No estoy a favor de las ilegalidades, pero que levante la mano quien se sienta libre de culpa", concluyó.
ASHOME ha remitido al Consell en los últimos cinco meses 49 peticiones de verificación de plazas turísticas presuntamente ilegales que se comercializan en la Isla, y que cifra en unas 12.000.

El PP culpa a
la Conselleria

El Partido Popular responsabiliza al equipo de gobierno del Consell (PSOE-PSM) de la existencia de oferta turística ilegal en la Isla. La portavoz popular en la máxima institución insular, Juana Francis Pons, critica que el actual equipo de gobierno ha tenido diez años para actuar en esta materia.

"El Consell tiene las competencias de ordenación turística y por tanto ha tenido suficiente tiempo para regular este tema", apunta Pons Vila, quien no obstante asegura que en un momento de crisis como el actual, su formación se muestra muy preocupada sobre todo por las consecuencias de "la mala política turística" aplicada por el Consell y de una posible mala temporada.