El Juzgado de Instrucción número tres de Maó ha dictado auto de prisión para dos de las cuatro personas detenidas en Menorca por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras incautarse de un alijo de 4.140 kilos de hachís este mismo mes entre Maó y Barcelona. En concreto se trata del principal acusado y su lugarteniente que responden a las iniciales L. C. V. y E. R. P., respectivamente. Los otros dos detenidos en la Isla, V. C. L. y P. A. L., han quedado en libertad con cargos. Además en la operación se ha detenido fuera de la Isla a una quinta persona.
Todos los encausados en las actuaciones policiales son originarios de Barcelona, y hasta el momento, según informó ayer la Dirección Insular de la Administración del Estado, su única vinculación con la Isla consistía en la implantación de una empresa tapadera, cuyas instalaciones y logística albergaban la plataforma de la frustrada organización dedicada al tráfico a gran escala de hachís procedente de Marruecos con destino a terceros países de Europa.
El pasado día 9 la Guardia Civil interceptó en el puerto de Barcelona un camión procedente de Menorca con 1.740 kilogramos de hachís ocultos entre la carga. A raíz de esta actuación, agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional destacados en Menorca se desplegaron por la Isla hasta localizar una furgoneta propiedad de uno de los detenidos y dos viviendas (una de ellas en Es Castell, donde residían los miembros de la organización encargados de la logística y otra en Jardins de Malbúger de Maó, donde tenía la base de operaciones el jefe de la organización). Igualmente, se accedió a una nave industrial en POIMA donde se ocultaban en su interior dos toneladas y media de hachís más, una embarcación neumática, una furgoneta preparada para el traslado de la droga, gran número de teléfonos móviles, GPS, instrumentos de navegación, depósitos de combustible de gran capacidad y numeroso material para empaquetar, paletizar y precintar la droga, así como numerosa documentación que es analizada por expertos de la Guardia Civil.
Entre otras tareas, los agentes sometieron a los miembros de la organización a una presión permanente durante los seis días en los que se desplegó el dispositivo policial, controlando su domicilios, vehículos y movimientos hasta ser detenidos definitivamente e incautada la sustancia estupefaciente.
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