Forzado el decreto, para el Partido Popular, y forzada, para Ciudadanos de Menorca, la interpretación por la que el equipo de gobierno ampliará en un año más el plazo de suspensión de licencias que opera desde la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Maó el 13 de febrero de 2008. La oposición en el Consistorio mahonés ha acogido con desagrado la pretensión de que se aplique en la ciudad de Levante el artículo 7 bis incorporado a la Ley 4/2008, de medidas urgentes en materia de ordenación y territorio de Balears, por el Decreto Ley 5/2009.
Especialmente crítico se ha mostrado CMe. En un comunicado la formación encabezada por Carlos Salgado, explica que la ampliación pretendida supone "una interpretación forzada de la letra del artículo" y el mantenimiento de actual inseguridad jurídica, al establecerse en la propuesta que "las zonas afectadas de la suspensión serán todas excepto las que sean compatibles con el nuevo planeamiento inicial o provisionalmente aprobado".
"Dudo que puedan acogerse -aseveró Salgado- e, independientemente de que tengan amparo legal, es una vergüenza que lo hagan. La gente no sabe lo que tiene que hacer y tiene suspendidos sus proyectos". Por este motivo, desde CMe entienden que llegado el plazo de suspensión de dos años desde la aprobación, que tendrá lugar el próximo día 13 de febrero, las licencias que se soliciten deberían ser tramitadas conforme al planeamiento vigente, el PGOU de 1987.
CMe es contundente a la hora de explicar los motivos por los que Maó verá ampliado el plazo de suspensión. "Lo que sucede es que el equipo de gobierno no ha tramitado diligentemente el planeamiento y, en este momento intenta a la desesperada lograr una ampliación de los plazos de suspensión de los derechos de los ciudadanos", reza el comunicado de la formación.
En la misma sintonía está el PP. "Nos parece escandaloso que se haya llegado a esta situación. Nos hemos interesado muchas veces y lo último que supimos es que se pensaba someter el documento a aprobación provisional después de las fiestas de Gràcia. Ahora nos salen con esto. Si no se llega a aprobar el decreto, decae todo el procedimiento", manifestó Juan Manuel Lafuente.
El portavoz de los populares calificó de "kafkiano" el hecho de que la aprobación definitiva pueda llegar a demorarse dos años. "Se elaboraba el PGOU con unas previsiones para 2015, con lo que si se aprueba en 2012, estamos encima del plazo durante el que se debía de desplegar", argumentó Juan Manuel Lafuente, para quien esta circunstancia se ve agravada por el coste que ha originado a las arcas municipales la redacción del nuevo planeamiento, que cifró en unos 300.000 euros.
Tur achaca el retraso a la lentitud y complejidad del Govern
"Puedo entender que critiquen que no se haya aprobado el PGOU pero no que pretendamos esta ampliación", asegura Vicenç Tur, quien defiende la decisión del Consistorio de acogerse a la previsión normativa. "El Govern ha aprobado esta norma porque es consciente del gran retraso que acumula en la tramitación de expedientes urbanísticos", sostiene el alcalde de Maó. Según Tur, este municipio es uno de los perjudicados por estas demoras. En junio del año pasado, tenía resueltas las más de 350 alegaciones y sugerencias que particulares y entidades presentaron al PGOU tras su aprobación inicial en febrero de 2008.
"El problema es que el documento ha de complementarse con numerosos informes y el último que nos llegó lo hizo un año y ocho meses después de esa aprobación, cuando el plazo que tiene el Govern para emitirlos es de tres meses", explica Tur. En estos momentos, el equipo de gobierno está pendiente de que se acaben de incorporar los últimos informes al documento que se someterá a aprobación provisional y de completar la cartografía, para continuar con la tramitación.
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