Acuerdo inminente para que los funcionarios cobren unos 2.000 euros extra tras anularse la congelación de sus sueldos

La deuda es en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la congelación salarial aprobada por el anterior Govern del Pacte de Progrés, que decidió en plena pandemia no aplicar la subida retributiva establecida por el Estado en 2020 y 2011, por un total del 2,9%. La cantidad supone entre 1.500 y 2.000 euros por cada trabajador público, dependiendo del salario de cada empleado.

Según ha recordado este martes el secretario general de UGT Servicios Públicos de Baleares, Miguel Ángel Romero, el Govern balear fue la única administración pública española, junto a la Junta de Extremadura, que aprobó esta congelación salarial incumpliendo la normativa básica del Estado, que acordó una subida de 2 % con otra adicional del 0,9 %. La solución del Ejecutivo fue subir estas cantidades en los complementos básicos del Estado y reducir la misma cantidad en los complementos autonómicos. El resultado fue una congelación salarial durante esos dos años ya que lo que se subía por una vía se bajaba por la otra.

Tras la sentencia, en la que el TSJB dio la razón el pasado mes de octubre a un recurso del STEI, el Govern de Marga Prohens propuso abonar las cantidades atrasadas en un plazo de cinco años, que los sindicatos pidieron negociar al considerarlo excesivo. Desde entonces, el Govern dispone de tres meses para alegar que no puede abonar esta cantidad de golpe, plazo que se acaba a finales de este mes.

UGT ha propuesto al Govern que pague las cantidades pendientes en dos o tres plazos durante este año 2025 a cambio de dos condiciones: anular el recorte desde el 1 de enero y actualizar los salarios y equiparar el plus de insularidad al de Canarias, una demanda histórica del sector público de las islas, antes de que acabe la legislatura. UGT reclama que el plus de insularidad se eleve por igual para todas las categorías profesionales a 400 euros para Mallorca, 600 para Menorca e Ibiza y 800 para Formentera

Estabilización

UGT valora positivamente el desarrollo en Balears del proceso de estabilización de plazas en las Administraciones públicas, con el que se busca rebajar a un máximo del 8% la tasa de empleo temporal estructural.

El proceso, fruto de un acuerdo Gobierno-Sindicatos, se debía resolver antes del 31 de diciembre de 2024 y afectaba a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no se hubieran visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018.

Según cálculos de UGT, el proceso de estabilización hasta el pasado 31 de diciembre ha supuesto la convocatoria de 16.146 plazas, de las que se han cubierto 12.010. Un porcentaje de más del 74 por ciento de plazas cubiertas que hacen que Balears sea «una de las comunidades autónomas donde mejor se ha desarrollado el proceso», según el secretario general de UGT Servicios Públicos de Baleares, Miguel Ángel Romero, que cifra «entre un 11 o un 12 por ciento» la cifra de temporalidad actual del Govern.

Si bien la Ley 20/2021 establece como fecha tope para su resolución el 31 de diciembre de 2024, desde UGT interpretan que los procesos no finalizados que ya están ofertados y convocados antes de esta fecha no decaen ni caducan y pueden desarrollarse hasta su finalización. Por eso, Romero ha reclamado al Govern y a las administraciones locales que en su ofertas publicas de 2025 incluyan las tasas de reposición de plazas permitidas por la ley para cubrir los puestos que sean necesarios y evitar, así una nueva acumulación de temporalidad entre el personal púbico de Baleares.