Apenas una semana después de inaugurar noviembre Baleares ya ha recibido el doble de inmigrantes de los que llegaron a las costas del archipiélago en 2023. En los últimos cuatro días un total de 42 embarcaciones han sido interceptadas o han arribado al litoral de las Islas con 706 migrantes, lo que eleva el número de personas que han venido de forma irregular hasta las 4.441 por las 2.194 que lo hicieron a lo largo de todo el año pasado.
Las buenas condiciones del mar han propiciado que a lo largo de los últimos días se dispare la llegada de pateras a Baleares, que por primera vez se ha convertido en el comunidad que ha registrado más embarcaciones con inmigrantes irregulares en un día. Noviembre se ha convertido de esta manera en el segundo mes con mayor incidencia sólo superado por agosto, cuando se contabilizaron 765 personas.
Los datos de 2024 marcan un récord desde que se contabiliza el registro de migrantes llegados a Baleares. En 2023 arribaron a las Islas 137 pateras con 2.194 migrantes, mientras que 2022 fue el año de mayor incidencia con 176 pateras con 2.637 personas a bordo. A falta de poco menos de dos meses para cambiar las hojas del calendario queda patente la tendencia al alza, puesto que en 2021 se alcanzaron las 164 pateras con 2.402 migrantes y en 2020 un total de 112 pateras con 1.464, cifras que están lejos de los 4.441 llegados hasta el 7 de noviembre del presente ejercicio.
Mallorca supera por poco a Formentera en el número de personas llegadas de forma irregular a las costas de Baleares. La cifra de 2.101 personas arribadas a la Isla está ligeramente por encima de las 2.073 de las contabilizadas en la pitiusa menor, donde se han registrado más pateras (130).
El aluvión de pateras de los últimos días ha provocado que los alcaldes de Ses Salines, Santanyí y Campos hayan alzado la voz para pedir soluciones. Al mismo tiempo que la crisis migratoria supone un problema humanitario y de servicios sociales también se erige en arma arrojadiza en el plano político. Los ayuntamientos que han elevado el tono son gobernados por el Partido Popular y señalan como principal responsable a la hora de tomar medidas al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que también ha sido el objetivo de las críticas de Catalina Cirer, consellera de Famílias i Afers Socials de un Consell dirigido por los populares gracias al pacto con Vox.
Los consistorios no tienen competencias en materia de inmigración y sus quejas se enfocan en los problemas de seguridad que supone que algunos inmigrantes deambulen por carreteras y en el coste económico de la retirada de las embarcaciones y los restos de ropa, bengalas y plásticos que dejan a su llegada. «No tenemos por qué pagar todo esto», afirman y dejan en el aire la incógnita de dónde están las 400 personas que han llegado estos días a Mallorca porque aseguran no tener ninguna comunicación con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.
Desde el Consell, que gestiona los servicios de acogida de menores, Catalina Cirer deja claro que «la primera respuesta la tiene que dar el delegado de gobierno en Baleares»: «Es el que tendría que dar el primer paso y convocar a los implicados, reunir a quien crea conveniente del Govern y los consells insulares, para tomar medidas sobre lo que hay que hacer». «No tenemos ninguna noticia sobre este tema y no nos llega información sobre quien llega o deja de llegar, muchas veces lo sabemos más por las entidades sociales o los medios de comunicación», ha criticado.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha defendido que «el gobierno de España está volcado en la gestión del fenómeno migratorio, al que hay que dar respuesta como país. Estamos dentro de una comunidad europea a la que también nos hemos dirigido para que nos ayude a gestionar como ocurre con otros países que son frontera de Europa». En este sentido, ha apuntado que «del mismo modo que pedimos a Europa que lo valore como fenómeno global, el gobierno de España pide, a través de la ley de Extranjería, a la oposición que considere la acogida de menores no acompañados también como un fenómeno global».
Baleares se ha convertido en una ruta migratoria de primera orden tal como reconoció de forma velada el propio Pedro Sánchez el pasado mes de julio. El Gobierno admitió en septiembre la saturación en la acogida de menores migrantes de Baleares pero descartó soluciones urgentes supeditando posibles soluciones al desbloqueo de la reforma de la Ley de Extranjería. En verano ya se advertía la trayectoria al alza de las cifras de migrantes llegados a las costas de las Islas, pero con el paso de los meses, al margen de la confirmación de la tendencia, el escenario se mantiene con los diferentes grupos políticos enzarzados en acusaciones y sin soluciones tangibles a corto y medio plazo.
