El Parlament aprueba el decreto de vivienda del Govern con la abstención de Vox, que no comparte el texto

El texto ha salido adelante sin el apoyo de Vox que, en virtud del acuerdo de investidura y «por lealtad institucional» en palabras de la diputada Idoia Ribas, se ha abstenido para no obstaculizar su aprobación, a pesar de no compartir los planteamientos de la nueva norma.

Cabe recordar que los de Santiago Abascal trataron de introducir vía enmienda en este decreto la modificación legal para que los menores puedan ir a los toros, propuesta que se ha retirado para no tener que votar a favor.

La ley aspira a aumentar la oferta de viviendas disponibles en los municipios de las Islas a precios asequibles y sin consumir territorio, en edificios existentes y parcelas no edificadas en suelo urbano, y a facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven.

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha reivindicado el trabajo con ayuntamientos, consells y agentes implicados para afrontar uno de los mayores retos de la actualidad y hacer crecer la oferta de vivienda a precio asequible. «Todas las administraciones estamos obligadas a impulsar medidas, aunque la Administración no puede asumir sola la construcción de viviendas, por eso necesita la colaboración público-privada», ha afirmado.

La responsable de Vivienda ha destacado que el decreto ya está dando frutos después de que una gran mayoría de ayuntamientos ya están impulsando alguna de las medidas disponibles. Vidal ha afirmado que no se entiende que el PSOE obstaculice medidas como las que está impulsando el Gobierno central y ha aprovechado para rechazar medidas que ha calificado de intervencionistas.

«Son medidas para ayudar a que más gente pueda acceder a una vivienda, a unos precios limitados por la administración y más baratos que en el mercado libre. Para generar viviendas sin dar pie a la especulación y mientras se continúa la construcción de vivienda de protección para colectivos vulnerables», ha apuntado.

La oposición, por su parte, ha criticado que con este decreto se amnistíe a edificios fuera de ordenación a través de la obtención de la cédula de habitabilidad y ha coincidido en lamentar que la tramitación como proyecto de ley no haya servido para alcanzar consensos.

En este sentido, según el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, la tramitación solo ha servido para que el PP enmendara «de arriba a abajo» el texto salido del Consell de Govern. Los grupos de la oposición también han coincidido en señalar que el decreto se ha hecho siguiendo los postulados de los promotores, aunque este colectivo también ha expresado reservas.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha reiterado la petición de reclamar que Baleares sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres, mientras que Josep Castells (Més per Menorca) ha matizado que las aportaciones vía enmienda de los grupos parlamentarios, que ha agradecido la consellera, son en su inmensa mayoría las enmiendas del PP «que han rehecho el texto».

Por parte del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha calificado como cínico que Vidal pida consenso a los grupos parlamentarios cuando, a su juicio, el decreto se ha pactado únicamente con los promotores. «Esta ley es su respuesta a quienes piden que se queme la Comisión Balear de Medio Ambiente. Esta hecha por y para ellos», ha señalado.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha asegurado que el texto no supone un avance significativo para hacer aumentar la oferta de vivienda y mejorar la accesibilidad. La diputada ha lamentado que el PP haya rechazado sus enmiendas. «Esta ley ha decepcionado muchas expectativas», ha concluido, justificando su abstención también por hecho de que es una ley dispositiva y no impositiva.

La diputada del PP Margalida Pocoví ha señalado que el problema de la vivienda en Baleares es principalmente un problema heredado del anterior Govern.

La 'popular' ha hecho hincapié que ayuntamientos de todos los colores impulsarán medidas contenidas en el decreto y ha reivindicado que el PP ha introducido mejoras para dar mayor seguridad jurídica y facilitar el acceso a la vivienda a colectivos profesionales específicos. A instancias del PP, los ayuntamientos tienen tres meses para aprobar y publicar acuerdos para determinar la regulación de las medidas en su municipio y en caso de que en tres meses no se haya adoptado el acuerdo municipal, las medidas serán de plena aplicación.