Un claustro de un colegio público de Mallorca. | M. À. Cañellas

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Las polémicas medidas educativas que Vox consiguió que aceptara el Govern del PP, como el plan de elección de lengua y el veto parental, pueden acabar generando entre los docentes y las familias un conflicto hasta ahora inexistente en las aulas de Balears. Así lo han advertido decenas de entidades del sector desde que se hicieran públicas las políticas previstas por la Conselleria. Por ello, ahora, el STEI-Intersindical ha puesto en marcha un servicio de apoyo para los docentes frente a lo que consideran un «control político» de su trabajo.   

El sindicato ya ha enviado a sus afiliados un formulario para reportar incidencias relacionadas, básicamente, con problemas vinculados a los contenidos o la lengua. Aun así, se pueden comunicar otras causas. El docente también deberá de indicar de parte de quién ha recibido la queja o discrepancia y explicar brevemente de qué se trata. A continuación, tendrá la opción de facilitar su nombre y teléfono de contacto, así como el centro y tipo de estudios que imparte. Además, el docente podrá simplemente reportar la incidencia o indicar si quiere ponerse directamente en contacto con el sindicato. En todo caso, cualquiera, esté o no afiliado, puede acudir al sindicato por este motivo.

«Son medidas que ponen bajo sospecha al profesorado, al cual el partido de extrema derecha Vox le acusa de manera persistente de ‘adoctrinar' en las aulas», denuncian desde el STEI. Esta acusación infundada, además, da por hecho que todos los docentes que aprueban una oposición pública tienen las mismas ideas políticas, cuando esto es falso. Además, esta crítica de Vox solamente se focaliza en la enseñanza pública y jamás en contra de la concertada, que también está sostenida con fondos públicos, aunque su personal docente está exento de sacarse una oposición.   

El plan del Govern para que los centros que lo consideren dejen a las familias elegir la lengua en la que estudian sus hijos es probable que lo acojan pocos centros. No obstante, la preocupación del STEI y otras entidades del sector es que genera dudas sobre un tema que no era demandado por las familias. En este sentido, advierten de que esto podrá provocar conflictos con las familias que quieran elegir el castellano aunque la mayoría del claustro y otros padres prefieran mantener el modelo vigente.

Sobre la exigencia de una autorización parental para que validen o no una actividad extraescolar, como una charla, el STEI lo rechaza porque implica una «fiscalización». Recuerdan que el derecho educativo del menor prevalece por encima de la decisión de sus padres, según la ley.