Vox retirará la ley de Oficina Lingüística por sus incongruencias jurídicas

Poco se sabe por ahora sobre qué incluirá la nueva versión de este organismo, pero hay dos cuestiones a las que Vox no está dispuesto a renunciar: que la entidad tenga capacidad para poder realizar inspecciones en las instituciones denunciadas y que, en función de esas inspecciones, se pueda sancionar si se detecta cualquier incumplimiento de lo que la formación llama «libertad lingüística».

Vox presentó el texto sin haberlo consensuado con sus socios a pesar de que el acuerdo era que el documento tenía que recibir el visto bueno previo de los ‘populares'. No fue así y el PP rápidamente pidió a Vox que retirara el texto y presentara otro alternativo porque el documento que se registró en el Parlament no tendría nunca el respaldo del PP ante los grandes defectos jurídicos de la norma. Los cambios han llegado finalmente ahora.

Diversas fuentes han alertado de que el texto incumple el propio Estatut d'Autonomia. En la exposición de motivos, por ejemplo, se señala que la oficialidad de una «lengua regional» no deriva en la obligación de su conocimiento por parte de los ciudadanos, «obligación que sí se establece respecto al castellano». También consideran que el texto desborda las propias competencias de Balears ya que afectaba a los organismos del Estado y tocaba a las personas físicas y jurídicas «de naturaleza privada».

No afectará a los organismos del Estado pero lo que sí está claro, porque así aparece en la memoria presupuestaria de este organismo, es que la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística tendrá competencias para ejercer su labor de vigilancia y control sobre el Govern y sus empresas dependientes, pero también sobre consells, ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades propias de las Islas. En cualquier caso, la memoria sí precisa que se respetará la autonomía de estas instituciones.

La siguiente decisión que deben tomar los socios de Marga Prohens es qué persona ponen al frente de este nuevo organismo. Aún no se ha decidido quién será el responsable pero su nombramiento puede abrir una nueva pugna entre los miembros del Grupo Parlamentario y la dirección nacional en caso de que haya más intromisiones y se repita el choque que hubo con la aprobación del techo de gasto.