El conseller reconoció que ha habido problemas y que el Govern ha hecho «lo que ha podido», aunque anunció que se seguirá aplicando la ley que permite la expropiación del uso. Para poder expropiar, las viviendas deben estar inscritas en un registro en el que ahora hay unas 700 propiedades. Sin embargo, a la hora de examinar esos pisos, muchos de ellos no presentan las condiciones de habitabilidad para ser expropiados.
Proceso complejo
A partir de ahí, el conseller detalló que el proceso es complejo porque debe acreditarse que llevan más de dos años vacíos y después resulta que una vez que se entra al detalle, «muchos de ellos tienen contratos». «Se hizo lo que se pudo y seguiremos haciéndolo porque la ley se seguirá aplicando».
Mucho más efectiva está siendo la aplicación del derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se venden entre particulares. Cuando se vende uno de estos pisos, el Govern tiene el derecho preferente de compra y así lo ha ejercido en 104 pisos que ya forman parte del parque público de vivienda. Con la nueva ley, los pisos construidos con ayudas públicas tendrán siempre la calificación de VPO y se evitará con ello que gente que adquirió una vivienda con ayudas públicas después especule y haga negocio con la compra de esta vivienda. El Govern ha reservado una partida de 4,3 millones de euros en los Presupuestos para compras.
De hecho, en la anterior legislatura, el Govern dejó de tener el control de 5.484 viviendas protegidas porque se cumplieron los 30 años que marca la ley para que sus propietarios puedan venderlas o alquilarlas al precio que más les convenga. El plazo finalizó y pasaron al mercado libre, algo que ya no sucederá con las que se construyan con la nueva ley en vigor.
Más construcción
Además de la compra de pisos que se venden entre particulares o entre fondos buitre, el Govern ha aumentado el parque de vivienda con la construcción de nuevos pisos. El conseller detalló que se han entregado 204 pisos de obra nueva y otros 551 viviendas están en construcción, por lo que a las cerca de 1.800 viviendas que tenía en propiedad el Ibavi ahora se sumarán más de 700. Según el conseller, entre compras y obras nuevas, el Ibavi gestionará un parque público de 2.562 viviendas el año que viene.
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La expropiación política arbitraria de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, es una medida propia de regímenes dictatoriales y totalitarios, donde no se respetan los mínimos derechos fundamentales de la sociedad. Lo increíble es que los gabinetes jurídicos de las entidades financieras afectadas por esa ilegalidad anticonstitucional, todavía no hayan llevado ante los tribunales españoles y europeos a los responsables políticos de nuestra comunidad comunidad autónoma por delito flagrante de prevaricación, robo y algunos otros delitos más que seguramente concurren en estas expropiaciones.