Según han informado la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, en la rueda de prensa de presentación de las cuentas autonómicas, el gasto destinado a cubrir las políticas sociales, en materia de salud, educación, servicios sociales, empleo y vivienda, crece hasta situarse en 3.091,4 millones de euros, la cifra más alta destinada a estas áreas, con un incremento del 0,4 % en relación a 2019, lo que supone contar con 11,3 millones de euros más para estas políticas.
Rosario Sánchez ha señalado que la necesidad de impulsar la inversión pública continúa siendo el «gran reto» al que debe responder el presupuesto, a pesar de que una parte significativa de los planes de infraestructuras ya disponen de recursos aprovisionados los últimos años. Respecto de las infraestructuras de carácter social, serán «ejes preferentes» las infraestructuras sanitarias y educativas, la red de dependencia y el plan de construcción de viviendas sociales.
En materia fiscal, el proyecto de ley de presupuestos de 2020 mantiene las 18 deducciones autonómicas del IRPF, en materia educativa, de servicios sociales, de vivienda y de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, entre otros. Así mismo, incorpora una modificación del impuesto sobre actos jurídicos documentados por la que el tipo general impositivo de este tributo pasa del 1,2 % al 1,5 %, como tienen la mayoría de comunidades autónomas. Sin embargo, se mantiene el tipo del 1,2 % en la adquisición de la primera vivienda habitual hasta 200.000 euros.
En este sentido, el presupuesto mantiene la reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales aprobada en el presupuesto de 2019 por la que disminuye el tipo del 8 % al 5 % para la compra de la primera vivienda habitual de inmuebles de hasta 200.000 euros.
En cuanto a las normas tributarias, se actualizan a todos los efectos las cuantías correspondientes a 2019 de las tasas, de acuerdo con la evolución del índice de precios de consumo del último año cerrado, esto es, el 1,2 %.
El gasto presupuestario de 2020 tiene en cuenta el límite de gasto no financiero aprobado por el Consell de Govern de Gobierno en septiembre, que fue ratificado por el Parlament balear en octubre por un importe máximo de 4.383 millones. El Govern reconoce que se tendrán que hacer ajustes en algunos departamentos, pero libra de la bajada a las conselleries consideradas «sociales» y asegura que no tendrá consecuencias para los ciudadanos.
El proyecto será remitido ahora al Parlament para su debate y aprobación final antes de que concluya 2019.
2 comentarios
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Otra solución es no subir impuestos y gastar menos en tonterias
I aquí tenim sa raó de perquè es Govern ha de treure es doblers de s’ecotaxa an es ajuntaments! Molt lleig! Si no tenen doblers que pugin es impostos an es rics i hotelers, que estan fent una bona fortuna a base de tenir-mos 12h seguides fent feina per 4duros.