Las subvenciones que el Estado recurre en Pollença son un calco de las que aprobó el PP en 2015

El teniente de alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Bennàssar (Junts), ha hecho públicos los dos documentos en redes sociales para que la ciudadanía pueda comprobar de primera mano, que la exigencia de que se rotule o publicite únicamente en catalán para beneficiarse de las subvenciones no se ha introducido esta legislatura con el gobierno progresista que lidera Miquel Àngel March, tal y como ha insinuado en los últimos días el PP.

El propio exalcalde Tomeu Cifre Ochogavía (ahora líder de la marca blanca del PP, Tots per Pollença) se encargó el lunes de hacérselo saber a la Delegación del Gobierno. «La presentación del recurso es una barbaridad. Las bases de la convocatoria son prácticamente idénticas, solo se modifican algunos porcentajes», dice. Tal y como avanzó Cifre Ochogavía, los documentos corroboran que entre ambas convocatorias apenas varían pequeños matices como los porcentajes máximos de las ayudas que en el caso de las subvenciones publicitarias pasan por ejemplo de 150 a 350 euros o de 275 a 350 euros en el caso de las cartas de los restaurantes. El grueso total de la partida presupuestaria que se destina a esta línea de ayudas se incrementa en 2.000 euros pasando de 3.000 a 5000 euros para poder satisfacer la creciente demanda.

Los documentos que se han hecho públicos dejan en entredicho las declaraciones de la delegada del Gobierno, Maria Salom que justificó la interposición del contencioso en su «obligación de velar por que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución».

Paradógicamente en el caso de que el juez acabe aceptando los argumentos de la Abogacía del Estado y considere que «el ayuntamiento incumple el sistema legal diseñado por la Constitución», sentará una jurisprudencia que condenaría la actitud que el propio PP había practicado hasta ahora en el Ajuntament.