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El grupo ecologista GOB reclama que la nueva Ley balear de Urbanismo (LUIB) establezca límites reales al crecimiento y la especulación y propone que el suelo rústico sea inedificable, que se supriman los terrenos urbanizables, rebajar la carga urbanística y dar un uso residencial al parque construido.

La entidad ha señalado en un comunicado que valora que la norma dé continuidad al decreto de medidas urgentes en materia urbanística de 2016, elimine la figura de los «asentamientos en medio rural» y suprima «la amnistía urbanística de urbanizaciones fantasma que premiaba a los infractores» y posibilitaba legalizar edificaciones en suelo rústico con infracciones ya prescritas.

El GOB celebra también la incorporación de mecanismos para garantizar la transparencia en la gestión urbanística y el apartado dedicado a disciplina urbanística y la tipificación de la infracción de «inactividad de las autoridades y cargos públicos que no adopten medidas de reacción ante actuaciones ilegales y dejen prescribir infracciones y sanciones o caducar los procedimientos correspondientes».

Reclaman sin embargo que la Ley fije que los Ayuntamientos mantengan las competencias de vigilancia urbanística y disciplina en suelo urbano, pero que las transfieran en cuanto al suelo rústico a los consells, o bien en el caso de Mallorca a la Agencia para la Defensa del Territorio; y en Menorca al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en suelo rústico.

En cuanto a las alegaciones del GOB al anteproyecto de ley urbanística de las Baleares de la Conselleria de Territorio, proponen que se prohíba el uso de vivienda para las nuevas edificaciones en suelo rústico.

Sobre el hecho de que la norma permita planificar nuevas urbanizaciones, el GOB pide que deje de clasificarse nuevo suelo urbanizable. Alegan que tras la aprobación de los tres planes territoriales insulares, éstos fijan las hectáreas máximas de nuevo crecimiento para cada municipio que los ayuntamientos pueden autorizar en las llamadas «Áreas de Transición» y no sería necesario que los planes municipales «clasificaran suelo urbanizable».

Critican que la norma no diga nada del parque ya construido ni de lo que se puede construir en suelo urbano, ni se mencione la capacidad de carga urbanística del territorio.

El GOB pide que se fijen índices de intensidad de uso residencial o turístico que impliquen una rebaja; la reclasificación a rústico de los urbanos no consolidados y urbanizables y recalificaciones de usos residenciales plurifamiliares a unifamiliares.

Creen que lo racional sería que los planes establecieran un porcentaje de incremento del parque construido que no se pudiera rebasar. Los actuales, de media, permiten duplicar el parque construido.

El GOB propone «obligar a dar uso residencial al parque ya construido», con medidas fiscales que incentivar que se habiten las viviendas existentes y evitar su mercantilización para usos turísticos. Quieren «desalentar la adquisición de viviendas pensando únicamente en su reventa a mejor precio o su comercialización turística».

Además creen «imprescindible» impulsar la programación del otorgamiento de licencias de obras (mediante cuotas) y que se exija a los consells que actúen antes de un año en los edificios fuera de ordenación.

En relación con los suelos urbanizables no desarrollados, piden que se obligue a los ayuntamientos de identificar e inventariar en un plazo concreto los terrenos en dicha situación, donde no se haya iniciado la ejecución de la transformación urbanística