Diego Torres le aguanta la puerta a su abogado, Manuel González Peeters. | T. Ayuga

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El exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres, cuyo interrogatorio como acusado en el juicio del caso Nóos se ha reanudado este miércoles a las 9.15 horas, ha defendido la legalidad de los convenios para la celebración de los denominados Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que la entidad percibió de forma presuntamente irregular hasta 2,3 millones de euros, y ha subrayado que había supervisiones «muy intensas» a varios niveles de los eventos.

«Cada quince días se revisaban cosas o se enviaban informes», ha señalado. El inculpado, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años y medio de cárcel, ha justificado la utilidad de los foros y ha subrayado que «no podía haber habido mayor grado de supervisión. Mejor no se podía haber hecho».

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«Las mentiras que hemos escuchado al respecto son alucinantes», ha incidido, recriminando incluso que el Instituto «ni siquiera facturó la cifra total pactada» en los convenios para la celebración de los foros.

De hecho, ha recordado que, después de que a principios de 2006 el parlamentario socialista Antoni Diéguez llamase la atención, por primera vez, sobre supuestas irregularidades en la realización de los foros, tuvo una reunión con el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, quien le comunicó que el Ejecutivo no abonaría las facturas pendientes porque así la oposición «no tendría de qué quejarse».

Torres ha apuntado a la indignación que le produjo esta respuesta ya que «habíamos cumplido con todo lo que se nos había pedido. ¿Por qué tenía que retrasarse el pago? Todo esto demuestra que es mentira que no se hubiera hecho el trabajo».