El calendario sería que durante esta legislatura se lograra el pacto educativo, mientras que la ley educativa propia para las islas es un «proyecto tan ambicioso» que «posiblemente» será necesaria más de una legislatura para que sea una realidad, ha comentado Pons.
El portavoz y conseller de Presidencia ha mantenido que este pacto por la educación debe concluir con una «ley educativa propia» de Balears, que se trata de una «ambición» del actual ejecutivo.
De todos modos, el Govern es «consciente de las dificultades» para lograr este amplio entendimiento en el campo educativo.
El Consell de Govern reunido este viernes ha realizado una reflexión tras cumplirse dos años de la multitudinaria manifestación que se celebró en Palma en defensa de la educación pública de calidad y en contra del decreto del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas), y tres meses desde que Francina Armengol asumió su responsabilidad como presidenta de Balears.
En este tiempo, ha repasado el portavoz, la huelga en el sector educativo ha sido desconvocada, el TIL ha sido «enterrado», la próxima semana será derogada la Ley de Símbolos y el ejecutivo ha mostrado su rechazo explícito a la Lomce.
En la apuesta por la mejora de la enseñanza pública, el Govern ha aumentado en 12 el número de inspectores -de 11 a 23-, se ha dado orden de que se sustituyan de «manera inmediata» a los profesores que estén de baja y en este curso escolar ya hay 374 profesores más trabajando que en la legislatura pasada.
En estos primeros meses, el ejecutivo ha mostrado su «voluntad y espíritu del diálogo, la importancia de la educación y la necesidad de que la sociedad balear sea «más fuerte y cohesionada», ha manifestado Pons.
«Poco a poco están cambiando las cosas en Balears», ha dicho Pons, que se ha referido también a que «poco a poco va dando sus frutos» la reunión que mantuvieron a principios de septiembre en el Palacio de la Moncloa los presidentes de España y Balears, Mariano Rajoy y Francina Armengol, respectivamente.
Pons ha destacado la creación, previsiblemente a finales de este mes, de la comisión mixta de Economía que sentará en la misma mesa a los gobiernos central y balear para avanzar en la mejora de la financiación de la comunidad autónoma.
Esta comisión mixta «tendrá contenido», como la concreción en un documento de la firma del aplazamiento del pago a Baleares por parte del Gobierno central de las inversiones estatutarias que están pendientes de traspaso.
«La receptividad del propio ministro de Economía», Cristóbal Montoro, lleva al ejecutivo autonómico a pensar en la buena voluntad del Gobierno y en la constitución de la referida comisión mixta en unas semanas.
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