El conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha destacado que la ley tiene el objetivo de garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, en cumplimiento de artículo 51 de la Constitución.
Sansaloni ha destacado que la ley ha contado con la aportación de las organizaciones sociales y han sido aceptadas y transaccionadas varias enmiendas de los grupos políticos con el fin de mejorar el texto.
La ley consta de 95 artículos y pretender dar respuesta a los derechos de los consumidores ante los cambios en la oferta, venta y prestación de bienes y servicios en el mercado y su contratación, que los sitúa en situación de desventaja e indefensión para enfrentarse a las empresas.
Entre las novedades de esta ley, que sustituye al Estado de los consumidores de Balears de 1998, está la exclusión de los usuarios de la Administración pública e incorpora la figura del consumidor «vulnerable», como los colectivos de menores de edad, ancianos o personas con discapacidades, ha indicado Sansaloni.
Además, reconoce el sistema arbitral de consumo como la forma más eficaz para regular la relación entre consumidores y empresas, e incluye la potestad sancionadora y establece las multas, que irán de los 300 a los 660.000 euros, según sean leves, graves, y muy graves, así como la posibilidad de un descuento de hasta el 50 %. En definitiva, esta ley pretende profundizar en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, dentro de las competencias de la comunidad autónoma, ha apuntado el conseller.
La diputada socialista Conxa Obrador ha destacado que esta ley «es más técnica que política», y ha criticado que no regula la compra de pasajes aéreos ni las transacciones que se realizan por internet.
Obrador ha cuestionado también que la ley «no dedica ni una sola línea a la responsabilidad para transformar la cultura de consumo irresponsable», por lo que considera que está más cerca «del mercado que de los derechos de los consumidores».
Según la socialista, esta ley no protege lo suficiente los derechos de los turistas ni a los colectivos en situación de exclusión social, y desprotege a la ciudadanía al eliminar las oficinas de consumidores y usuarios, así como la participación activa de las administraciones locales.
La diputada de MÉS Fina Santiago ha cuestionado de forma insistente que la ley excluya al usuario público, con lo que, en su opinión, tendrán más derechos los que usan los servicios privados, como por ejemplo, en el caso de las residencias.
Santiago ha criticado también que la normativa no potencia la lengua propia de las islas, ya que solo protege los derechos de los productores al permitirles etiquetar en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Un asunto que también ha sido cuestionado por la diputada no adscrita Margalida Font, que ha presentado tres enmiendas en relación con los derechos lingüísticos, para fomento del catalán.
En este sentido, el diputado del PP Óscar Fidalgo ha argumentado que el asunto de las lenguas no se ha modificado, ya que estaba regulado en el Estatuto de 1998.
«Parece que algunos le tienen miedo a la libertad», ha dicho Fidalgo, que ha defendido que la comunidad tiene dos lenguas oficiales: el castellano y la lengua de Baleares.
El diputado popular ha subrayado que entre las enmiendas transaccionadas se han acordado la relativa a la protección de los turistas, y ha aclarado que los suministros ya están regulados en el Código Penal.
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