El Parlament rechaza las enmiendas al proyecto de la Ley del Suelo

En concreto, las enmiendas a la totalidad han contado con 32 votos en contra, de los parlamentarios del PP y del diputado no adscrito Antoni Pastor, frente a 24 votos a favor, del PSIB, MÉS y la diputada no adscrita Margalida Font.

Durante el debate, los dos grupos de la oposición han reclamado al Govern que retire el texto que se está tramitando actualmente en la Cámara autonómica, puesto que, según han criticado, deja la puerta abierta a la legalización de construcciones que incumplen la normativa urbanística.

Así, el diputado socialista, Jaume Carbonero, ha señalado que el Proyecto de ley del suelo responde a un modelo "hipotecado" y apuesta por el "crecimiento urbanístico" sin reservas. Un ejemplo de ello, ha dicho, es que los municipios más pequeños pasarán a tener una exigencia "mucho menor" en cuanto a espacio libres públicos.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, ha defendido que se trata de un texto que ha sido "largamente esperado y que cubre un vacío normativo" en la Comunidad balear, al tiempo que ha remarcado que la futura ley requiere, dada su importancia, de un "amplio consenso".

Durante el año y medio de tramitación, el borrador de la norma se ha expuesto públicamente dos veces, tal y como ha constatado el Company, quien ha invitado a los grupos de la oposición a participar en la elaboración del texto definitivo de cara a aprobar una ley que perdure en el tiempo. "Son muchos los puntos de encuentro que podemos tener en torno a ella", ha aseverado el conseller.

"La ley de amnistía urbanística"

Con todo, Carbonero ha incidido en sus intervenciones en la "amnistía de suelo rústico" que representa la futura ley del suelo de Baleares, que permitirá que los edificios que se han construido "de manera irregular y fuera de ordenación, puedan, a partir de ahora, legalizarse".

Asimismo, el parlamentario socialista ha censurado que la normativa "se haya olvidado de un precepto básico en disciplina urbanística; que establece que nadie puede obtener beneficios de una infracción urbanística", algo que no se cumplirá, según ha dicho, puesto que los propietarios que han realizado obras ilegales "podrán legalizarlas" en un plazo de tres años.

"Esto hace que se incurra en un agravio comparativo entre los que han realizado obras legales en suelo rústico y aquellos que lo han hecho mal, ya que éstos últimos también tendrán su casa legal", ha añadido el diputado del PSIB.

"Es una lotería porque no cae a todos, sino que sólo la ganan los que han cometido la ilegalidad antes de que se apruebe esta ley", ha esgrimido al respecto.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario MÉS, Antoni Alorda, ha señalado que el grueso de la ley es el mismo que el que entró en el Parlament en 2010, incorporando algunas "bombas", como la que permite "la legalización de las construcciones clandestinas que hay en la Comunidad".

Alorda ha calificado al proyecto normativo como "la ley de la amnistía urbanística", porque permite "blindar miles de edificios contrarios a la normativa en suelo rústico", ha aseverado.

"Es una barbaridad que no se ponga ningún límite a la legalización", ha apuntado el diputado nacionalista, quien le ha reprochado al conseller "que se ampare en que esto se hace para que los suelos urbanos tengan los servicios imprescindibles".

"La gente tiene que poder consultar los planeamientos y entenderlos, algo que no ocurre" ha asegurado Alorda, que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley "para que vuelva en febrero después de haber hablado".

"Lo que esté mal hecho se derrumba"

En su intervención, el conseller de Territorio ha manifestado que "se ha de acabar con la creencia de que aquí no se derrumba nada. Lo que esté mal hecho se derrumba, por eso el Proyecto de ley establece herramientas para las demoliciones, para aquellos propietarios infractores sobre los que hay que actuar", ha replicado.

Con todo, Company ha aseverado que "hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan", tal y como queda constatado, ha indicado, en las enmiendas parciales que han presentado los grupos de la oposición.

Por último, la diputada del PP, Virtudes Marí, ha pedido a PSIB y MÉS que se alejen "del no por el no" y se ha mostrado convencida de que la ley será aprobada con un "consenso socialmente importante" porque permitirá solucionar los problemas que tienen actualmente los ciudadanos de las Islas en materia urbanística.