La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares iniciará este lunes, a partir de las 9.30 horas, el juicio del llamado caso Scala, centrado en el presunto desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal acusado es el exconseller de Industria, Comercio y Energía en el último Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.
Se trata del primer exconseller de esa legislatura (2003-2007) que se sentará en el banquillo de los acusados, en una vista oral que prevé prolongarse hasta el 21 de mayo, para ser juzgado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Ejecutivo autonómico. Además, la condena que para él reclaman las acusaciones se encuentra entre las penas más elevadas solicitadas para un político en España.
En el marco de esta compleja causa de presunta corrupción, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía balear solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el exdirector general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).
Y es que los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
El Ministerio Público apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, y los empresarios Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
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