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Spanair ha presentado este lunes en los juzgados de Barcelona el concurso voluntario de acreedores con un pasivo de más de 300 millones de euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El juzgado mercantil número 10 de Barcelona será en el encargado de tramitar el concurso, después de que esta mañana su presidente, Ferran Soriano, confirmara que el fin de semana han recabado el material, asesorados por el bufete Roca Junyent, para presentar el concurso tras el cese de operaciones.

Junto al concurso voluntario de Spanair, también se ha presentado un concurso necesario por parte de los diferentes acreedores, que se tramitará en la misma causa en el Juzgado mercantil 10.

La sección sindical de Sepla en Spanair ha informado, en un comunicado, que este lunes han solicitado el concurso necesario para que los pilotos de la compañía "lleven el peso del concurso en detrimento de la compañía".

"Tenemos que ser muy diligentes y hacerlo todo muy rápido", ha señalado Ferran Soriano en RAC1, que ha indicado que la aerolínea conseguirá generar activos con el retorno de los aviones, todos ellos de alquiler, a través, por ejemplo, del retorno de depósitos.

El cierre de Spanair, que afecta a más de 2.000 trabajadores directos, ha dejado en tierra este lunes a 15.386 pasajeros, 8.860 de ellos en Barcelona, según datos de la compañía.

La aerolínea catalana deja de operar 143 vuelos previstos para este lunes, 85 de ellos con salida o llegada a Barcelona, 56 a Madrid y dos a otros aeropuertos.

83.000 AFECTADOS EN LA PRIMERA SEMANA

En total, 83.006 pasajeros se quedarán sin volar con la compañía en la primera semana de cese de operaciones, desde la noche de este viernes hasta el viernes 3 de febrero.

El viernes por la noche, Spanair comunicó que se quedaba definitivamente en tierra, un hecho que desde el sector era un desenlace anunciado, puesto que a la complicada coyuntura, que ha invitado a muchas aerolíneas a integrarse, se ha sumado la imposibilidad de casarse con un socio para garantizar su viabilidad.

La compañía, fundada en 1986 y controlada por instituciones catalanas, tomó esta decisión ante la imposibilidad de firmar una alianza y tras el anuncio del Govern de que no pondrá más fondos públicos en la compañía, enterrando así un proyecto de aerolínea "de país" que estaba llamada la gran baza para lograr un 'hub' en el Aeropuerto de Barcelona.