Jornada. Una veintena de empresarios y agentes económicos y sociales asistieron a la ponencia sobre la Ley - Gemma Andreu

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Una decena de empresarios ya ha empezado a mover papeles para acogerse a las facilidades que ofrece la Ley 4/2010 de 16 de junio de medidas urgentes para el impulso de la inversión en hoteles, más conocida como 'Decreto Nadal', después que su modificación fuera aprobada por consenso político. Su fin es la modernización de establecimientos turísticos que necesiten con urgencia ejecutar una mejora.

Así lo anunció ayer el presidente de ASHOME, Joan Melis, tras la reunión informativa sobre la ley celebrada en la sede de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, CAEB, con la asistencia de la consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló, y el presidente balear de CAEB, Josep Oliver.

Melis avanza que aunque los proyectos aún no hayan entrado en los ayuntamientos para obtener licencia, hay una decena de empresarios que ya cuentan con un anteproyecto "con el que los arquitectos ya pueden empezar a trabajar". Con ello, augura un mayor e importante número de empresarios que se acogerán a esta iniciativa para la modernización de sus establecimientos.

La eliminación de trabas burocráticas para la renovación de los alojamientos turísticos, con plazos que no podrán exceder a los dos meses para la concesión de la licencia de obras a los promotores, y la posibilidad de legalizar excesos de construcción en edificios que quieran reformarse son algunas de las particularidades que se contemplan en este 'Decreto Nadal' y que Joan Melis aplaude puesto que "facilitarán el reposicionamiento de la Isla en el mercado turístico, dejar perder esta oportunidad sería desaprovechar una ocasión excepcional".

Joana Barceló informó que el objetivo es impulsar la renovación de la planta para revertir en competitividad, incentivar la inversión privada, ofrecer mejores servicios, alargar la temporada y recuperar la necesaria confianza en la capacidad de desarrollo económico para que la actividad turística siga siendo el motor sólido de la economía balear.

La ley que es "de excepcionalidad con una vigencia de cuatro años", según la consellera, contempla por un lado la regularización de las plazas turísticas sin legalizar "que no afecta a Menorca" y potencia reformas, obras, demoliciones y reconstrucciones parciales e integrales. Además, hace prevalecer la autorización turística por encima del uso establecido en el planeamiento municipal vigente.

La Conselleria de Turismo y Trabajo pone a disposición del empresariado una oficina dirigida a tutorizar y facilitar la puesta en marcha de los trámites para la reconversión turística.

El presidente balear de CAEB, Josep Oliver, puntualizó que esta normativa va a trascender el ámbito estrictamente turístico para implicar y estimular al sector de la construcción y empresas auxiliares.