Un cantautor, de reconocido compromiso social y político, reflexionaba hace pocos días en una entrevista radiofónica acerca de la vorágine de acontecimientos que jalonan la historia reciente y que, a su juicio, predisponen a un cambio objetivo del sistema a escala mundial. En nuestro país, además, esta tesis rupturista halla uno de sus argumentos en el rompecabezas de la corrupción, en grado de presunción, que ha contribuido a acentuar la fisura entre la sociedad y la clase política.
El barómetro de abril del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) revela que los políticos (tanto los dirigentes como los partidos a los que pertenecen) son percibidos por la población como uno de los principales problemas que existen actualmente en España, por detrás del paro y de la economía. Curiosamente el mismo estudio sitúa la corrupción y el fraude muy por debajo en el 'ranking', lo que probablemente indica que la baja apreciación que obtiene la política entre los ciudadanos se debe a cómo estos perciben su gestión en todos los ámbitos antes mencionados y no sólo en el de la transparencia del manejo del presupuesto.
Desempleo, crisis y corrupción han formado durante esta legislatura un desafortunado triunvirato, que pone al descubierto las debilidades de la administración y de sus responsables. Sin embargo, algunas encuestas no vaticinan una incidencia notable de la corrupción en las próximas elecciones autonómicas. Gadeso, en un documento correspondiente a abril, indica que el PP puede repetir los resultados actuales e, incluso, rozar la mayoría absoluta si Unió Mallorquina no obtiene representación parlamentaria. Falta un año para los comicios, aunque lo que parece configurarse es el ligero aumento de quienes ya se han decantado por la abstención en las urnas.
El galimatías judicial es formidable, con autos de medidas cautelares que ocupan un volumen de tomos considerable, piezas separadas que engrosan la materia a investigar y casos que extienden sus ramificaciones a varios departamentos. En la arena política, las fianzas impuestas por el juez han ocasionado dimisiones que en la mayoría de casos se han hecho esperar y que han alcanzado a uno de los máximos puestos de responsabilidad; la presidencia del Parlament. Maria Antònia Munar dimitió el 26 de febrero a raíz de las acusaciones vertidas contra ella por el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, dentro del caso Maquillaje, que condujeron a su imputación en esta causa.
En la Cámara legislativa, las consecuencias se han hecho extensivas a la configuración de fuerzas en la Sala de las Cariátides, donde, en 2008, las implicaciones de Bartomeu Vicens, ya dimitido, con escándalos de corrupción provocaron en su día la disolución del grupo de UM y la incorporación de sus diputados al Grupo Mixto. A este mismo grupo parlamentario se ha trasladado en las últimas semanas el ex conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, quien solicitó a finales del mes pasado la baja de militancia del PP después de que el juez que instruye el caso Scala en el TSJB, Antonio Capó, decretara una fianza civil contra su persona de 2,9 millones de euros.
Sin embargo, el episodio más crítico de la legislatura se produjo el pasado 5 de febrero, en que el presidente del Govern, Francesc Antich, destituyó a todos los cargos de UM en su ejecutivo -una medida que también aplicaron Francina Armengol en el Consell de Mallorca y Aina Calvo, la alcaldesa de Palma, en el Ayuntamiento- y escenificó, con ello, la ruptura del pacto de gobernabilidad en la Comunidad Autónoma. La medida vino acompañada de una remodelación del organigrama en el Consolat de Mar, con la que se trató de simplificar la estructura, en número de departamentos, y la portavoz del Govern, Joana Barceló, dejó la Conselleria de Trabajo para convertirse en la nueva consellera de Turismo (la cuarta titular de esta cartera en lo que llevamos de legislatura).
En el ámbito parlamentario, la pérdida de la mayoría estable complica la tramitación de determinadas iniciativas pendientes esta legislatura, como la ley del Suelo. Paralelamente al proyecto del Govern, UM ha presentado su propio texto, respaldado por el PP y, aunque esta semana los dirigentes 'uemitas' se han comprometido a consensuar un modelo con el Ejecutivo del PSOE y del Bloc, los 'populares' siguen avalando la propuesta de UM como la más conveniente. En la práctica, la tensión en la Cámara no difiere mucho de la que se vivía con el pacto aún en pie.
En Palma, la moción de censura del PP con UM no llegó a ver la luz. La alcaldesa Calvo no se verá en la tesitura, puesto que 'populares' y 'uemitas' no se han puesto de acuerdo para impulsarla, pese a que en algunos círculos se daba por hecha.
La situación interna de uno y otro partido no ha contribuido a afianzar empresas de este calado en las instituciones. En UM las causas de presunta corrupción han dejado a la formación política huérfana de sus principales dirigentes. Josep Melià, quien asumió la presidencia tras la dimisión de Miquel Àngel Flaquer, convocó en abril un congreso de refundación del partido, que sigue sin afianzar sus cimientos tras la debacle interior. En el PP, José Ramón Bauzà trata de marcar el punto y aparte y separar su gestión de los ecos de corrupción que pesan sobre algunos correligionarios.
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