El último ejemplo de los múltiples que se han puesto encima de la mesa desde que el Ministerio de Yolanda Díaz hizo de esta medida no consensuada su mantra personal, lo tenemos en el convenio de hostelería que se negocia ahora en Balears. La Comisión de Turismo de CAEB constató días atrás que preocupa especialmente el impacto que pueda tener la reducción de la jornada laboral, «un hándicap negociado a espaldas de las patronales y del que aún desconocemos el resultado final de la norma», señaló Javier Vich, presidente de los hoteleros de Mallorca y recién estrenado al frente de dicha comisión. Ni salarios ni otras cuestiones tradicionalmente espinosas: la preocupación principal del empresariado es cómo va a afrontar las 37,5 horas impuestas por el Gobierno en sectores tan complejos como la restauración, el ocio nocturno o el hotelero, todos ellos pendientes de la firma del nuevo convenio. En éstos y otros ámbitos la reducción que quiere imponer el Ejecutivo provocará graves desajustes organizativos y nuevas subidas de los costes laborales a las puertas de una nueva temporada turística.
Porque, ¿quién paga la reducción de la jornada? Desde el sector empresarial defendemos desde hace meses que ésta debe ajustarse a las necesidades de cada sector y negociarse dentro de los espacios establecidos en la Constitución. Las patronales no nos oponemos a este tipo de medidas, pero en ningún caso deben ser impuestas, sino acordadas dentro del Diálogo Social. El Gobierno, en éste y otros asuntos recientes, nos está dejando al margen. Para negociar cada jornada laboral están los convenios colectivos y cada sector, en función de sus necesidades, discute sus particularidades e intereses, como recoge el Estatuto de los Trabajadores.
La reducción de jornada también afecta a la productividad, que desde 2019 viene disminuyendo en España de forma significativa frente a su crecimiento en la UE. Por mucho que se repita con fines partidistas, la afirmación de que la reducción de la jornada incrementa la productividad no se sostiene empíricamente. Al contrario, los estudios indican que es el aumento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas y, a su vez, el aumento de los salarios. No olvidemos que en múltiples convenios colectivos ya se contempla esta reducción de jornada, pero aplicarla de forma general sin tener en cuenta las características de cada sector es una temeridad que pone más palos a las ruedas al deseado incremento de la productividad que, éste sí, sería beneficioso para todos los ciudadanos.
