La renta básica universal vuelve a estar sobre la mesa

Una renta básica universal es una asignación monetaria del Estado incondicionada. Es decir, a cambio de nada, y con una cantidad suficiente como para poder vivir. A partir de ahí, hay una diversidad de opiniones sobre su alcance real: desde qué cantidad se considera suficiente, si debe ser igual en todos los territorios, si debe incluir a los menores de edad, y la cuestión más importante: cómo se puede financiar. Esta propuesta ha vuelto a la máxima actualidad debido a la paralización de toda la actividad.

La cuestión fundamental es si las ayudas que se están dando tienen que ser condicionadas -hay que demostrar que se está en situación de necesitarlas- o bien tienen que ser universales -para todos, sin condiciones-. El Gobierno central por el momento ha puesto en marcha numerosas medidas condicionadas, moratorias -aplazamientos de pagos- y diferentes tipos de créditos y avales para empresas, autónomos y familias. Otros van más allá y piden exenciones de impuestos y otros desembolsos, es decir, que se suprima la obligación de pagar.

TEMPORAL. Luis de Guindos, exministro de Economía y en la actualidad vicepresidente del Banco Central Europeo, defendió días atrás una “renta mínima de emergencia” en España durante la crisis del coronavirus. “Creo que debe actuar el Estado durante este periodo transitorio para que no se produzca una crisis social”, comentó, poniendo el énfasis en el carácter temporal del parón y en los colectivos más necesitados: “Esto va a durar semanas o meses, pero no más allá. Que todos nos hagamos cargo de las necesidades básicas de la población española, fundamentalmente de la población más vulnerable”, añadió. Sin embargo, De Guindos no cuantificó ni dio más detalles.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha sido otro político en activo que ha pedido a Pedro Sánchez que implante una “renta de ciudadanía para trabajadores y autónomos”, una demanda a la que se ha unido la presidenta del Govern balear Francina Armengol.

Estas solicitudes se trasladaron al Ejecutivo central en la reunión de presidentes autonómicos del pasado domingo. En concreto, Torra planteó una renta social para trabajadores y autónomos a la vez que pidió la suspensión del pago de impuestos, en concreto el IVA, el IRPF, Sociedades, las cotizaciones a la Seguridad y el pago de las cuotas de autónomos. Fue claro en exigir un plan “fácil” y “ya” e insistió en que deben ser las adminsitraciones, y no las empresas y trabajadores, las que se tienen que endeudar para afrontar la emergencia.

El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, repitió la misma demanda días atrás poniendo el foco en el carácter universal de esta renta básica “clara, drástica, que asegure un salario mensual hasta que volvamos a producir, a trabajar y a consumir”. Cree que lo tendría que financiar directamente el BCE.

Francina Armengol pidió un plan de reconstrucción económica específico para Balears una vez que concluya la emergencia sanitaria de la pandemia. Se sumó a la petición de una renta social básica sufragada por el Gobierno central y demandó la suspensión del pago de los alquileres y de suministros básicos y el aplazamiento del pago de impuestos.

El Govern balear ya ofrece una renta social básica para personas en situación de vulnerabilidad económica, de 459,12 euros en 2020 de media mensual. En enero había 12.458 beneficiarios. La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha anunciado que se amplía el perfil del receptor para dar cobertura a cualquier persona mayor de 18 años con residencia en las Islas que no tenga derecho a percibir ningún tipo de prestación pública. Se dará a partir del 1 de abril durante dos meses. Presentarán la solicitud los trabajadores sociales acompañada de un informe que justifique la petición. Según el Govern, se podrán beneficiar unas dos mil personas.

Por otra parte, Toni Roldán, director del Centro de Política Económica y Economía Política de Esade (EsadeEcPol), exdiputado de Ciudadanos, sorprendía defendiendo una renta básica universal temporal: entregar un cheque de 1.000 euros al mes a todas las personas en edad de trabajar durante tres meses para paliar el colapso económico causado por el COVID-19. Contando 38 millones de personas en edad de trabajar en España, el gasto sería de unos 114.000 millones de euros, equivalente al 11% del Producto Interior Bruto.

La propuesta tiene una segunda parte: en 2021 habría un impuesto extraordinario que dependería de los ingresos obtenidos en 2020. Los que no hubiesen visto afectados económicamente por la pandemia devolverían los 3.000 euros íntegramente, y el resto pagarían menos en función de cuánto hubiese caído su renta.

Roldán supone que el coste final de la renta básica temporal en España sería del 0,91% del PIB. En sus cálculos, la mitad de la población adulta no tendrá ninguna disminución de su renta, una cuarta parte perdería la mitad de ingresos y otra cuarta parte perdería toda su renta durante tres meses. A todo esto, añade que las cifras son “orientativas” ante la “gigantesca” incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia.

El ex de Ciudadanos resume los pros y contras de la renta básica universal. Como desventajas, señala que es una medida cara, que dispersa los recursos a toda la población en lugar de enfocarse en los más necesitados, y que genera un gran desincentivo respecto al empleo. Las ventajas, en la coyuntura actual, son que es una medida simple, inmediata y que llega a todo el mundo.

Por contra, las medidas puestas en marcha hasta ahora, aunque son “ambiciosas”, son de activación lenta, compleja, burocrática y dejan a personas fuera por no cumplir algún requisito o por no tener la información, dice textualmente. Y señala tres colectivos “particularmente” vulnerables: autónomos, trabajadores de empleo doméstico y trabajadores temporales.

LA PROPUESTA ORIGINAL. La propuesta de una renta básica universal no es nueva. Se trata una asignación pública monetaria sin condiciones, universal y suficiente. Debería ser equivalente al umbral de pobreza, que se define como el 60% de la renta mediana, que era de 8.522 euros al año por persona en 2017 -unos 710 euros al mes-.

El Grup Renda Bàsica Illes Balears defiende que la renta básica universal permite erradicar la pobreza ex ante y garantizar la libertad individual. El economista Daniel Raventós preside Red Renta Básica, que aúna a expertos partidarios de la medida. Descarta que sea un incentivo a no trabajar, ya que 700 euros no permiten llevar el tren de vida de un ciudadano medio, y cree que es una ventaja para poder rechazar trabajos precarios que se consienten en la actualidad.

Ha elaborado un modelo teóricos que demuestra su viabilidad económica. Parte de una reforma del IRPF con un tipo único del 49% y que con la renta universal, permitiría suprimir las pensiones o las prestaciones por desempleo, entre otras. Dando 700 euros, Quien gana mil euros pasaría a tener 1.190; quien no gana nada, 700, y quien gana 10.000 euros tendría 5.600.

En las circunstancias actuales, Raventós aboga por garantizar un ingreso incondicional a toda la población como mínimo hasta fin de año y si se exceden en las ayudas, ya lo recuperará el Estado con la declaración de la renta de 2021. “La renta básica por sí sola no puede hacer frente a todos los problemas causados por la situación excepcional que nos encontramos, pero garantizar la existencia material de todos es lo más importante”, indica. En su opinión, que haya personas de corte liberal que ahora apuestan por esta medida “muestra su potencial”, aunque considera esencial evaluar la propuesta concreta que hacen con el nombre de ‘renta básica'.